Mientras el Gobierno Nacional anuncia la destinación de millonarios recursos para que las Empresas Sociales del Estado (ESE) fortalezcan la capacidad de la oferta de sus servicios de salud, y de esta forma se atienda la emergencia de la COVID-19, empleados de este sector se preguntan por qué a ellos aún no les pagan las deudas de hace varios años.
Para el caso del departamento de Sucre, el Ministerio de Salud y Protección Social ordenó una transferencia por $10.496.751 millones que serán distribuidos entre 22 ESE de 21 de los 26 municipios.
El Hospital Universitario de Sincelejo, que ya completa un año intervenido por la Supersalud y que le adeuda los meses de marzo y abril a los empleados de planta —y entre 18 y 24 meses a los que están por cooperativas—, es el que más dinero recibirá de esta transferencia directa, unos $2.259 millones, seguido de la ESE San Francisco de Asís de Sincelejo con un aporte de $2.044 millones, y el Hospital de Corozal con $1.718 millones. También recibe la ESE Cartagena de Indias en Corozal la suma de $171 millones.
El Hospital de Sucre (Sucre), donde al inicio de esta cuarentena despidieron a unas enfermeras debiéndole más de un año de trabajo, el Ministerio le asignó más de $562 millones, mientras que al de Sincé, $483 millones, más de $8.000 millones a la ESE de Toluviejo; $280 millones el Hospital de Tolú; al de San Onofre le enviarán $769 millones; $4.500 millones al de Los Palmitos; y $484 millones a la ESE de Ovejas. Las restantes ESE recibirán entre 8 y 390 millones de pesos.
En la Resolución 753 el Ministerio de Salud y Protección Social da a conocer que esos dineros girados a 543 ESE suman más de $213.000 millones y deben ser invertidos en el fortalecimiento de la capacidad de oferta pública de los servicios para garantizar la prestación a la población afectada por la enfermedad de la COVID-19.
