El fiscal Francisco Barbosa informó este jueves que por presunta corrupción en los contratos de la emergencia por la pandemia, será llamado a interrogatorio el alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez.
Adicionalmente, también fueron llamados a interrogatorio la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Kattiuska Margarita Fernández Castillo, el supervisor de contrato Leonardo Beltrán Pinto, el director técnico de gestión contractual Andrés Gutiérrez Ahumada, al jefe de prensa Gustavo Pérez Mier: y a los contratistas Diomedes de Jesús Guevara Pereira y María Eugenia Mercado Pertuz, así como al representante legal de Biel People Publicidad, Hugo José Tabares Sierra.
Entre tanto, la Contraloría General de la República ordenó la suspensión del alcalde de la capital de Sucre por los sobrecostos detectados en la adquisición de los 26.666 mercados que fueron distribuidos en el inicio de la pandemia por la COVID-19 entre las familias más necesitadas.
La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.051.748.446 contra este mandatario como consecuencia del daño al patrimonio del Municipio de Sincelejo derivado de sobreprecios y la entrega incompleta de algunos elementos que conformaban los más de 26 mil kits.
Según el organismo de control, se encontraron sobrecostos en los productos que conforman los kits, que oscilan entre el 28% y 164%. Así mismo, en relación con la entrega incompleta de productos, se tiene que no fueron entregadas 66.665 libras de fríjol dejando a 13.333 familias que recibieron los kits sin dicho alimento.
También detectó la Contraloría que en 906 kits no se entregó el aceite, así como tampoco se entregaron 18.644 libras de lenteja y 3666,5 libras de sal.
Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales, además del alcalde, el supervisor del contrato, Leonardo Beltrán Pinto; la gerente de Estrategia Covid-19, María Teresa Vergara Merlano; así como los contratistas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS. y Abastos y Fruver el Paraíso SAS.
Los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020 fueron celebrados entre la Alcaldía de Sincelejo y las empresas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS respectivamente.
Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio).
Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar (en cada caso) 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio. Estos contratos se suscribieron en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta, por lo que el proceso de selección fue el de contratación directa y no se contó con estudios previos.
En las investigaciones conjuntas que adelantan el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, por presuntos actos de corrupción en la celebración de contratos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Procuraduria también abrió proceso disciplinario y sancionó disciplinariamente al alcalde Gómez.
Caso Coveñas
Además, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado al alcalde de Coveñas, Rafael Antonio Ospina Toscano.
Lo anterior por los sobrecostos de los mercados adquiridos con la Fundación Servicios y Consultoría Caribe (Funcarservicios), por valor de $1.206 millones. El daño patrimonial la Contraloría lo estimó en $193.238.100 al establecer que el kit de alimentos lo adquirió por un valor superior en un 21% frente a los costos del mercado, pero al realizar un otrosí el sobrecosto desapareció porque aumentaron el número de mercados a repartir. Pese a ello es procesado por la Fiscalía y además por la Contraloría que le abrió al alcalde, al contratista y al secretario de planeación Fabio Maestre Machado, un proceso de responsabilidad fiscal.
Con relación a Sincelejo los tres entes de control fiscal, disciplinario y penal lograron establecer a través de la denuncia del abogado John Turizo Hernández, que el alcalde de Sincelejo contrató con Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. y Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S. los mercados en comento. Con cada uno de ellos contrató 13.333 mercados por valor de $1.999.995.000 IVA incluido.
Los sobrecostos fueron estimados en un principio por 27% y tras la renegociación en la que le quitaron los valores del transporte porque este fue realizado en vehículos de la Fuerza Pública, quedaron en el 18% y por un valor de $1.769’489.095cada uno.
El costo de cada mercado fue de 150 mil pesos y la Contraloría estableció que su valor debía ser de aproximadamente $118.023, es decir, que el sobrecosto en cada mercado era de $31.977 que multiplicado por 13.333 suman 426 millones 349 mil 341 pesos en cada contrato firmado el 24 de marzo con los representantes de esas firmas Diomedes de Jesús Guevara Pereira y María Eugenia Mercado Pertuz, respectivamente.
Dichos contratos --que establecieron con respecto al pago el 50% del dinero al inicio y la otra mitad al final-- fueron elaborados por Andrea Gutiérrez, directora de gestión contractual de la Alcaldía y revisados por Katiuska Fernández, jefe de la oficina jurídica y la asesora jurídica externa Luisa Jiménez.
