La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa a cargo de Giancarlo Marcenario Jiménez llamó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo y a varios de sus funcionarios por los sobrecostos en la compra de los 26.666 mercados en medio de la pandemia por la COVID-19. Este ente consideró que los funcionarios incurrieron en falta y culpa gravísima.
Además del alcalde Andrés Gómez Martínez el Ministerio Público vinculó a la investigación disciplinaria a la jefe de la oficina jurídica Katiuska Fernández Castillo, a la jefe de contratación Andrea Gutiérrez Ahumada y al secretario de desarrollo económico Leonardo Beltrán Pinto.
A los cuatro, la Procuraduría en el auto de citación a audiencia pública, les imputa cargos y les reprocha el no haber realizado la labor que a cada uno le compete en el trámite precontractual y contractual de los negocios jurídicos suscritos por la alcaldía con Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., por la emergencia por COVID-19. A la fecha a cada una de estas sociedades les adeudan el 50% de los contratos que son $769.514.095.
Del alcalde, la Procuraduría dice que habría incurrido en falta disciplinaria gravísima y culpa gravísima en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa; mientras que de Katiuska y Andrea anota que omitieron realizar un estudio jurídico adecuado a las propuestas presentadas por los cotizantes, privando a la administración municipal de conocer la realidad del mercado para establecer la viabilidad de los precios presentados en estas ofertas; y del secretario de desarrollo dijo el ente disciplinario que este omitió verificar si dichas propuestas se ajustaban a los precios del mercado reales y permitió que se contratara con sobrecostos, además de haber certificado que recibía a satisfacción la totalidad de los kits de alimentos contratados con destino a la población vulnerable cuando no fu cierto porque a través de Contraloría lograron establecer que muchos de estos estaban incompletos.
En la mira de la Contraloría y Fiscalía
Además de esta investigación disciplinaria hay un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde en la Contraloría por más de 1000 millones de pesos y otro en la Fiscalía que también involucra a estos funcionarios, al mandatario y a los contratistas de los mercados, como al contratista de una publicidad Hugo Tabares Sierra y el jefe de prensa de la alcaldía Gustavo Pérez Mier. A todos ellos la Fiscalía los ha conminado a un interrogatorio de indiciado.
