El suspendido alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez; la jefe de la oficina jurídica, Katiusca Fernández Castillo; la directora técnica de gestión contractual de la alcaldía, Andrea Gutiérrez Ahumada, y el secretario de desarrollo económico, Leonardo Beltrán Pinto, irán a audiencia pública en el proceso disciplinario que les adelanta la Procuraduría por los sobrecostos de los 26.666 mercados.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dispuso que el proceso a seguirles a estos funcionarios será verbal, es decir, que es rápido, hay economía procesal, y se aplica en los casos en los que las faltas son calificadas como gravísimas.
Una de las características del proceso verbal es que se aplica para atacar la corrupción, como es el caso en mención, pues tanto la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General han informado que lograron establecer que en los contratos 003 y 004 del 24 de marzo de 2020 hubo sobrecostos en los precios de los productos que conformaron los mercados y de paso algunos los entregaron incompletos.
Se espera que en los próximos días la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa designe las fechas de audiencias públicas.
Los hechos
Los hechos que dieron origen a esta investigación disciplinaria, a la fiscal y al llamamiento a interrogatorio de indiciado en la Fiscalía General de la Nación no solo para el alcalde sino para varios de los empleados de su administración tienen que ver con los dos contratos por $1.999.995.000, IVA incluido, cada uno que fueron celebrados con Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S. y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., y que al tenor de la Contraloría presentan sobrecostos, en un principio del 27% y tras la renegociación en la que le que quitaron los valores del transporte porque este fue realizado en vehículos de la Fuerza Pública quedaron en el 18%.
Ante esto, la Contraloría abrió el proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.000 millones de pesos que hoy tiene suspendido al alcalde Andrés Gómez.
John Turizo Hernández, el denunciante de los sobrecostos, adujo que estos contratos 'no solo tienen sobrecosto, que ya los órganos de control esbozaron sino que desde que nacen, están viciados. De acuerdo con la evidencia de Secop – el documento electrónico cargado muestra que en ambos contratos, el 003 y el 004 de 2020 (ambos con el nombre de contrato de emergencia), falta la solicitud de oferta para que los interesados hicieran la propuesta sobre el precio de la necesidad, la propuesta ganadora debió como mínimo enviar la cotización, falta la póliza y la aprobación de póliza, hace falta factura de los productos discriminados o la cotización y hace falta el acta de inicio'.
