A partir de las 9:00 de esta mañana continúa la audiencia pública dentro del proceso disciplinario que la Procuraduría General de la Nación le sigue al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, por los presuntos sobrecostos de los mercados entregados a las familias más vulnerables en el inicio de la pandemia de la COVID-19.
El proceso disciplinario también involucra a los funcionarios Katiuska Fernández, Andrea Tulia Gutiérrez y Leonardo Beltrán Pinto.
Para este miércoles está previsto que la Procuraduría escuche a las personas que testificarán a favor del alcalde Andrés Gómez, y entre ellos está el fiscal 16 seccional de Sincelejo Manuel Cordero Ibáñez; además de María Eugenia Merlano Pertuz, representante legal de Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. una de las firmas contratistas de los mercados.
Esta última explicará por qué presentó cotizaciones y detallará los valores de cada uno de los productos en el kits, la logística y en especial por qué reajustaron los valores al momento de la liquidación de los contratos.
'Con la declaración del fiscal se podrá evidenciar que las autoridades locales coordinadas por mi cliente, el señor alcalde, denunciaron que otros mayoristas estaban incurriendo en actividades que afectaban los precios de los productos de primera necesidad. Aspecto que explica por qué solo se presentaron 3 proponentes', dijo Jaime Granados, abogado del alcalde.
También será testigo María Teresa Vergara Merlano, directora del Banco de Alimentos de Sincelejo, quien testificará las tareas que se hicieron en la fase de planeación, que en su criterio fue adecuada.
'Con estos elementos materiales probatorios habrá suficientes razones para establecer que de modo alguno se han violentado las normas de contratación estatal y no hay nada que censurarle a mi cliente y por el contrario, como ya lo determinaron otros entes de control (Fiscalía y Contraloría) todo fue ajustado a su deber y de manera oportuna', puntualizó Granados.
