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Tal y como lo había anunciado el abogado Jaime Granados al solicitar el testimonio del fiscal 16 Seccional de Sincelejo Manuel Cordero Ibáñez para defender al alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez en el proceso disciplinario que le siguen, este le dijo a la Procuraduría que en el inicio de la pandemia por la COVID-19 hubo un aumento en los precios de los productos de la canasta familiar en el Mercado de esta ciudad.

Además le indicó al procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa, Alberto Marcenaro Jiménez --quien adelanta la investigación contra el alcalde y otros tres funcionarios de su gobierno-- que también hubo un aumento en el transporte y por ende en los fletes. 

Estas dos situaciones, la de los alimentos y el transporte, explicarían entonces el porqué de los valores de los contratos para la adquisición de los mercados que el mandatario contrató con las firmas Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. y Abastos El Paraíso S.A.S., y que en un principio sí tuvieron sobrecostos y por la investigación que dio para sanción en la Contraloría General estos fueron renegociados y luego liquidados por los valores que estableció el ente de control.

'La oferta subió por el confinamiento obligatorio. No se pudo determinar si hubo acaparamiento o especulación. El valor del transporte creció, debido a los fletes en el transporte', anotó el fiscal agregando que los costos más elevados fueron los de los granos que no se producen en este departamento.

En la continuación de esta audiencia pública que ya lleva tres sesiones y que se prolongó por espacio de 5 horas y media, entre las 9:00 de la mañana y las 2:30 de la tarde de este miércoles, también intervinieron como testigos la directora del Banco de Alimentos de Sincelejo, María Teresa Vergara, quien ratificando la versión del fiscal agregó que para ese momento, finales de marzo y principio de abril, se escuchó decir que había escasez de alimento y que los precios eran altos.

Darling Sierra, funcionaria del Banco de Alimentos ratificó que en Sincelejo entregaron 26.600 kits alimenticios con un mismo contenido y que para ello habían realizado previamente un censo del que participó Aldo García Castillo, que en su testimonio anotó que la entrega fue bien planificada, tanto que contaron con un aplicativo móvil para establecer a quiénes le debían entregar los kits. De esto también dieron fe los empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico Ernesto Paternina Hernández y Karen Nieto Vergara.

Con el testimonio de Gustavo Pérez Mier, jefe de prensa de la alcaldía, cerraron la audiencia que continuará el 30 de julio con la escucha de Luisa Fernanda Jiménez que hoy tuvo problemas para concurrir a la diligencia. Este mismo día se conocerán las observaciones y peritazgo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

Pérez dijo que habían 'liderado procesos en la central de abastos. Hubo acompañamiento a las actividades de la Secretaría de Desarrollo Económico e investigación de campo sobre precios y abastecimiento, lo cual fue informado a la ciudadanía por medio de la página web de la Alcaldía, las redes sociales y los medios de comunicación. Generamos contenido audiovisual para que los sincelejanos supieran comprar'.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dio a conocer que el 5 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana escuchará en versión libre al alcalde Andrés Gómez Martínez, a la jefe jurídica Katiuska Fernández; a la jefe de la Oficina de Contratación, Andrea Tulia Gutiérrez, y al secretario de Desarrollo Económico de Sincelejo, Leonardo Beltrán Pinto, que también hacen parte de esta investigación.