Al alcalde del municipio de Coveñas, Rafael Ospina Toscano, le imputaron cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado que se habrían configurado al momento de la adquisición de las ayudas humanitarias (mercados) que entregó a la población más vulnerable en el inicio de la pandemia por la COVID-19.
La imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación ante la Juez Promiscuo Municipal de Coveñas, cobija también al secretario de planeación, Fabián Enrique Maestre Machado y al representante legal de la Fundación Servicios y Consultorías Caribe (Funcaservicios), Carlos Miguel Moreno Orozco, quienes al igual que el alcalde no aceptaron los cargos.
La Fiscalía considera que la Fundación se quedó con el contrato de más de 1.200 millones de pesos violando las reglas de transparencia y competencia.
El ente investigador-acusador le solicitó a la juez que les imponga medida de aseguramiento intramural porque pueden obstaculizar la justicia y porque existe el riesgo de no comparecencia.
Las investigaciones de la Fiscalía dan cuenta que en el contrato que el 24 de marzo la Alcaldía de Coveñas suscribió con Funcaservicios, al parecer tiene sobrecostos porque cada paquete alimenticio fue pagado a $201.000 en promedio, cuando el valor real sería de $159.000, por lo que advierten de un presunto detrimento por $412.603.420.
Adicional a ello existirían evidencias de que no habrían entregado 2.403 mercados que ya están pagos.
Para esta investigación en contra del alcalde de Coveñas, que tiene aval del Centro Democrático, la Fiscalía cuenta y aportó a la juez que lleva el caso, material probatorio que contiene interceptaciones telefónicas que evidenciarían situaciones irregulares sobre el desarrollo del caso.
También lo investiga la Contraloría
Es de anotar que por estos mismos hechos el alcalde de Coveñas también es investigado por la Contraloría General de la República.
La contralora Delegada para el sector salud, Lina María Aldana Acevedo, dio a conocer en su momento que para el caso de los sobrecostos de Coveñas habían comprado arroz a 5.800 pesos cuando según el DANE es de 3.400 pesos.
El daño patrimonial la Contraloría lo estimó inicialmente en $193.238.100 al establecer que el kit de alimentos lo adquirió por un valor superior en un 21% frente a los costos del mercado (reportados por el DANE), pero al realizar un otrosí ese sobrecosto desapareció porque aumentaron el número de mercados a repartir, pero aun así lo investigan.
