Los problemas de Aguas de Morroa S.A E.S.P. parecen de nunca acabar. Al alto déficit que afronta, que supera los 10 mil millones de pesos, se le suman los tres embargos que un juez del Circuito de Corozal ordenó en favor de tres exempleados de dicha empresa que están siendo procesados por los delitos de celebración indebida de contratos, interés indebido y peculado por apropiación, cometidos en esa entidad prestadora de servicios públicos.
Se trata de la exgerente Liliana Margarita Arroyo Buelvas, el extesorero William Alfredo Amaya López y José María Cuello Villalba, quienes a través de los abogados Óscar Márquez Barrios y Ana Isabel Posada Vital adelantan un proceso ejecutivo laboral en contra de Aguas de Morroa y como resultado de este el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal a cargo de Judith Herazo Castillo ordenó los embargos.
A través de los oficios 1884, 1864 y 1874 del 8 de octubre la juez le hace saber al tesorero/pagador del municipio de Morroa que las tres personas que laboraron en Aguas de Morroa han impetrado un proceso en su contra y en razón a ello ha ordenado el embargo y secuestro de la tercera parte de los dineros que mensualmente la Alcaldía Municipal de Morroa gira a dicha empresa por concepto de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, u otro concepto.
El embargo en el caso de William Amaya se limita hasta 130 millones de pesos, el de Liliana Arroyo en 72 millones de pesos, y el de José Cuello en 106 millones de pesos.
Tanto Liliana como William fueron detenidos al igual que otros funcionarios y el entonces alcalde Carlos Solano en junio de 2018 por haber firmado un contrato por 1.700 millones de pesos cuando Aguas de Sucre, según la Fiscalía, no era la idónea para ello.
La situación que afronta Aguas de Morroa no es desconocida por la superintendente de servicios públicos domiciliarios Natasha Avendaño García, que en su visita a principios de octubre en Sincelejo reveló que hay 2 investigaciones en contra de esta empresa y en una de ellas hay 11 hallazgos, por lo que anunció que habrá un fallo en los próximos días.
El alcalde Tonio Olmos en ese momento ante la Superservicios dijo no haber podido solucionar los problemas de calidad del agua que se consume en el municipio por los problemas de ilegalidad que afronta esta empresa.
