Cinco hombres, entre ellos un abogado y otro que tenía detención domiciliaria, fueron masacrados la tarde del sábado en la subregión del San Jorge, zona limítrofe entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
Las primeras versiones de este hecho indican que al parecer estaba anunciado porque el sobreviviente, Carlos Arturo Valerio Betín, capitán indígena de la vereda Enlatá que pertenece al Resguardo Colonial Toluviejo, había denunciado un procedimiento de desalojo aparentemente ilegal alrededor del Complejo Cenagoso Amanzaguapo, fue cometido por hombres fuertemente armados que arribaron a la zona en una chalupa desde la que empezaron a disparar. En la zona hay unas 200 viviendas de indígenas y campesinos,
En su denuncia del 15 octubre el capitán indígena dice que el secretario de gobierno de San Marcos que 'usurpó las funciones cuando adelantó el procedimiento policivo de la Ciénaga Los Caracoles, cuyo querellante es el señor Rafael Rivera, porque esa ciénaga pertenece al municipio de San Benito Abad (...), un delito penal'.
La senadora Aída Avella denunció e hizo público el hecho, al tiempo que reprochó que no se hubiesen tomado las acciones para evitarlo.
'La justicia no puede ignorar estos hechos tan graves. @IvanDuque pare las masacres. Habíamos advertido las masacres, dijimos que ya estaban los sicarios contratados. En Sucre tienen que investigar a los terratenientes que reclaman los baldíos. Muy amigos de la clase política del departamento. El afán de acumular tierras los lleva a contestar sicarios', escribió.
Por su parte el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige protección a la vida de Carlos Arturo Valerio, líder de la comunidad indígena Zenú, sobreviviente de esta masacre, así como a todas las personas que hacen parte del cabildo.
Además anota el Movice que, según la comunidad, los perpetradores de la masacre fueron miembros de grupos paramilitares que siguen tomando el control del territorio, lo que ellos catalogan como la reestructuración del paramilitarismo en la región, de allí que exigen el desmonte de los paramilitares en las regiones de Colombia. Asimismo, exigen respeto por la vida de las comunidades indígenas y campesinas de Sucre, Córdoba y los Montes de María.
Las víctimas. Hasta las 3:30 de la tarde de ayer las autoridades de Policía Judicial (Sijin y la Fiscalía) habían identificado a tres de las víctimas que son Lácides Cochero Alba, de 47 años, natural de Ayapel (Córdoba), pero residenciado en San Marcos y contra quien pesaba una medida de aseguramiento en su lugar de residencia impuesta por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal por el hurto de 350 reses de la finca Polonia, además hacía dos semanas aproximadamente el Gaula del Ejército lo había aprehendido.
Otra de las víctimas es el cuñado de Lácides que se llamaba Darwin Rafael De Hoyos Madera, de 42 años, natural y residente en el municipio de San Marcos, y el abogado Arquímedes Getulio Centanaro Carriazo, de 50 años, también nativo de San Marcos.
Los cadáveres estaban regados entre la finca Los Caracoles y la ribera del Caño Caimán, y fueron trasladados a Medicina Legal en Sincelejo.
Adil Meléndez, abogado, defensor de Derechos Humanos y miembro del Movice, ratificó que este hecho está asociado a un tema de tierras y se registra a solo 5 días del atentado en contra del defensor de tierras de San Benito, Hernando Benítez León, a quien solo uno de los 5 balazos le hizo blanco en su brazo derecho.
Al cierre de esta edición las autoridades tanto de la Fuerza Pública como civiles de Sucre aún no se habían pronunciado sobre esta masacre, pero se conoció que en el caso de la Policía, Ejército y Fiscalía, desde la madrugada salieron con rumbo a la zona que es de difícil acceso.
