Más de dos mil millones de pesos, por concepto de reparación directa, le debe pagar el Estado al ciudadano Azael Enrique Márquez Verbel. Así lo dispuso en un fallo de primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo.
La víctima a través de su apoderado judicial Aldemar Alfaro acudió a la justicia porque considera que hubo una omisión por parte de la institucionalidad para evitar que él fuera víctima de los atentados, uno de ellos lo dejó postrado a una silla de ruedas.
El juzgado anota que la víctima en muchas oportunidades puso de presente las continuas amenazas que recibía pero estas, refiriéndose al Ministerio de Defensa (Policía Nacional) y el Municipio de Toluviejo nunca hicieron nada para preservar su vida, razón por la que el Juzgado las declara administrativa y patrimonialmente responsables de los daños causados a Azael Márquez Verbel el 25 de abril del año 2013 en el municipio de Sincelejo.
'Después de una lucha jurídica, la jurisdicción contenciosa administrativa, en primera instancia, nos ha dado la razón, máxime que dentro del expediente salta a la vista la omisión de las autoridades para preservar la vida de mi defendido' dijo Alfaro.
Márquez fue el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Las Piedras, en Toluviejo, entre el 1° de julio de 2004 y el 30 de junio de 2008. A finales de 2006 el frente 35 de las Farc lo amenazó y en el 2009 lo hicieron las Águilas Negras, y en el 2013 le propinan los cuatro balazos que lo dejaron en estado parapléjico, con inmovilidad del extremo inferior de su cuerpo y falta de control de esfínteres.
Tuvo que desplazarse de Toluviejo hacia otro municipio de Sucre donde ahora reside, por lo que la justicia debe responderle entre los daños causados por el de desplazamiento forzado.
Adicional a ello, Azael como miembro de la Mesa de Víctimas de Toluviejo también fue objeto de amenazas, y a finales de 2006 fue conminado por miembros del 35 frente de las Farc a un diálogo donde lo comprometían a suministrar información de todo lo sucedido en el corregimiento Las Piedras, presentarle un censo de toda la población civil y sus líderes políticos. Al finalizar el encuentro, los miembros del grupo guerrillero le manifestaron que si no cumplía el mandato se convertía en objetivo militar en conjunto con su familia, por lo que fue objeto de desplazamiento forzado, radicándose en la ciudad de Sincelejo – Sucre, donde habitó aproximadamente 3 años.
Los más de dos mil millones de pesos con que el Estado debe reparar a Azael también cobijan a su esposa Yolia María Pérez y a sus hijos Kandi Andrea, Kendrys y Paulo Enrique Márquez Perez, y Azael Enrique, Karen Cilena y Kathy Enith Márquez Salcedo.
La Policía Nacional respondió esta demanda de manera extemporánea y no presentó alegatos de conclusión.
