Con la premisa de que la seguridad es un servicio público del que todos se benefician y por ende todos deben contribuir con ella, el gobierno de Sucre Diferente presentó para estudio y aprobación de la Asamblea Departamental un proyecto que crea la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.
Esta tiene por objeto fortalecer el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sucre porque los recursos que este posee son inferiores a las necesidades que tiene la Fuerza Pública en este departamento, dijo la presidente de la duma Karime Cotes en la sesión en la que le dieron primer debate al proyecto.
A propósito de este primer debate donde surgieron muchos reparos, la diputada Lucía Cohen propuso dejarlo abierto y en ese trámite está.
El cobro de esa tasa destinada a la seguridad lo harán a través de la factura de energía, por lo que todos los ciudadanos que tienen acceso a este servicio son sujetos de contribuir con dicha tasa.
'La base gravable se calculará, de acuerdo al consumo mensual de energía que tenga cada usuario (...). Los estratos uno y dos, del sector residencial que están subsidiados en los servicios públicos, no estarán gravados con la tasa. De ahí en adelante se empieza a hacer un cálculo progresivo de la tasa, de acuerdo al estrato socioeconómico y al rango de consumo que se tenga por cada usuario, tanto en el sector residencial, como comercial e industrial', anotó la diputada Cotes.
Su colega Rafael González, del Partido Conservador, dejó en claro que sí es partidario de que existan mejores estándares y condiciones de seguridad, pero se mostró en desacuerdo con el cobro de esa tasa porque en estos momentos afecta aún más el bolsillo de los sucreños, por lo que considera que no es conveniente ese proyecto.
'Estamos en un año difícil. Hoy los sucreños tienen el bolsillo golpeado, están padeciendo de este año de pandemia, las empresas están quebradas, el ciudadano no ha podido pagar los impuestos y creo que esta Asamblea no puede ponerle una carga más a los ciudadanos. El proyecto no es conveniente', puntualizó González.
Mientras que Luis Alfonso Álvarez, del Centro Democrático, les recordó a sus colegas diputados que por medio de una nulidad simple contra la Alcaldía de Sincelejo logró tumbar un tributo del 5% en la telefonía móvil para destinarlo a seguridad.
'Tengo unos reparos, porque creo que los asesores del señor gobernador están mal interpretando el principio tributario de progresividad, porque ese principio es claro en establecer que el que más tenga, más paga, y el que menos tenga, menos paga, no que no pague. No porque no sea conveniente, es porque es ilegal', indicó.
