La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenador Álvaro ‘El Gordo’ García Romero para conocer 'nuevas verdades' sobre el paramilitarismo en Colombia y ayudar 'a desmontar' las estructuras de poder que se han encontrado detrás de este grupo armado.
El anunció tomó importancia debido a que ese tribunal ha reiterado en varias oportunidades que este grupo está excluido de ese sistema, pues los casos paramilitares son llevados por la legislación 'especial' que rige la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz; sin embargo, la JEP también ha dejado claro que existe una excepción para acoger a miembros de las AUC siempre y cuando se determine que ejercieron el rol de terceros que financiaban o colaboraban con grupos armados.
Precisamente esta situación fue la que tuvo en cuenta la JEP para acoger al exsenador sincelejano, pues señala que los hechos en los que participó García sucedieron 'con anterioridad' a la fecha que enmarca la competencia temporal del tribunal, ya que el periodo coincide con la época en que el acusado fungió como senador de la República.
‘El Gordo’ en la actualidad está recluido en la cárcel La Picota tras haber sido condenado a una pena de 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, en octubre del 2000.
García Romero, dice la JEP, 'se valió' de su condición de senador 'para consolidar' el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. 'Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades, pero que desde su condición de agente del Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal', destaca el tribunal.
Para el despacho, el congresista 'obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar'.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas deja en claro que la decisión 'no modifica' la competencia ni el control de las sentencias proferidas contra García Romero en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria. En consecuencia 'su pena continúa siendo ejecutada por el juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sentencia'.
La JEP también señala que García Romero mostró 'un compromiso claro, concreto y programado' para ofrecer una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la JEP y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas'.
