Los miembros de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el municipio de San Onofre no solo tienen que lidiar con los altos índices de violencia de algunos habitantes, con otros hechos de inseguridad y con la amenaza latente del Clan del Golfo, sino también con la vergüenza de que les recuerden que el inmueble que ocupan está en mora porque no pagan el arriendo.
Si bien esta es una responsabilidad de la Alcaldía de San Onofre y no de los uniformados que están para velar por la seguridad de todos, en las tres últimas semanas los policías de la zona urbana y de las estaciones de los corregimientos de Berrugas, El Rincón del Mar, Palo Alto y hasta Libertad han tenido que lidiar con los anuncios de desalojo y cobros por parte de los arrendatarios que reclaman el pago de los meses del año 2020 y los que van del 2021.
Rosalinda Madrid de Ramos y Teresa Ricardo Pérez son dos de las arrendadoras que han hecho pública estas situaciones que impactan de forma negativa en sus economías.
La primera de las arrendadoras le dijo a este medio en una entrevista telefónica que de la casa que está en la calle 20 de la zona urbana de San Onofre donde habitan los miembros de la Sijin que prestan sus servicios en la población le deben 4 meses de arriendo del año 2019, 9 meses más del año 2020 y los tres que van corriendo del 2021.
Precisó Rosalinda Madrid que el 2019 lo cerraron con la deuda de 4 meses y la administración que inició con Teódulo Cantillo no se comprometió a pagarlos.
'En el 2020 solo me pagaron los meses de octubre, noviembre y diciembre porque me hicieron un contrato. Anunciaron que en enero de este año me harían uno por todos los 12 meses y eso no se ha cumplido, dijeron que no podían hacer contrato conmigo porque yo no pagaba salud y entonces vino una hija mía de Panamá a hacerlo y todavía eso no se cumple. No me explico cómo me salen con el cuento de que no pueden hacer contrato conmigo si ya hubo uno', relata la mujer que exige el pago completo de todos los meses que le adeudan de arriendo.
Informó además que los 3 millones 600 mil pesos que le pagaron de los tres meses de 2020 con el contrato firmado con Eloy Berrío Julio como alcalde interino los tuvo que invertir en el pago de la deuda de 5 millones de pesos en servicios públicos.
