Las invasiones de tierras, tipificado en el código penal como un delito que tiene prisión entre 2 y 5 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades en el país.
El presidente Gustavo Petro se ha mostrado en contra de esta ocupación ilegal de la propiedad y hasta le ha dado plazos a las personas para que desalojen lo que no es de ellos, pero no contar con un techo digno y hasta no tener un pedazo de tierra en el que puedan producir para comer son las razones que llevan a los ciudadanos a esta mala práctica que, por ejemplo, en el caso de Sincelejo ha hecho carrera en los últimos 4 años y por eso en las zonas norte y sur de la ciudad vemos grandes extensiones de tierras ocupadas ilegalmente.
La necesidad, en algunos casos, ha llevado a estas familias a ubicarse cerca de arroyos, como ocurre en la zona sur de la capital sucreña, en los costados que comunican hacia el corregimiento de Chochó. Ese asentamiento de unas 800 familias, donde incluso ha habido casos de homicidio y riñas con heridos graves, reviste una gran peligrosidad porque una corriente súbita los puede arrastrar.
