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Las investigaciones que la entonces defensa del exsenador Álvaro Alfonso García Romero adelantó durante 11 años en procura de demostrar su inocencia en la masacre de Macayepo no solo dieron pie para la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de la exclusión de una grabación como prueba reina de dicho proceso, sino que también pidió compulsar copias para que sean investigados unos miembros de la Policía Nacional para la época de los hechos.