Hace 17 días el defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo Assis, visitó la ciudad de Sincelejo para “poner a disposición de las comunidades la nueva sede de la Regional Sucre” que aún no está funcionando.
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Fue al finalizar la tarde del viernes 10 de mayo cuando el Defensor del Pueblo, en compañía de los funcionarios de la entidad en Sucre, de la gobernadora, de algunos diputados, periodistas y hasta líderes, hizo el corte de la cinta en la azotea de la edificación de cuatro pisos que se sitúa en la calle 25 de la Avenida Las Peñitas, a pocos metros de la sede de la Gobernación de Sucre.
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Camargo Assis le aseguró a los presentes que desde este lugar “sus funcionarias y funcionarios continuarán prestando los servicios relacionados con la defensa incondicional de los derechos humanos. Toda la oferta institucional, disponible en espacios más cómodos, está a la orden de las comunidades del departamento, como menores de edad, sus padres, hombres, mujeres, adultos mayores, víctimas”.
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Agregó durante su discurso que “me llena de satisfacción entregar este inmueble de la entidad, ya que los servicios siempre se habían prestado en edificaciones arrendadas”, es decir, este inmueble fue adquirido por la entidad, pero no dieron a conocer cuánta fue la inversión.
Además, desde diversos sectores de la sociedad sucreña, en especial entre las víctimas, ya hay malestar porque el lugar está distante de las otras entidades que ofrecen sus servicios en favor de ellas como lo son la Personería, Unidad de Víctimas, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Procuraduría y el Centro Regional de Atención a las Víctimas. Esta última está en el barrio Las Américas, a solo cuatro cuadras del Centro, donde están asentadas las otras entidades descritas.
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La Regional de la Defensoría en Sucre fue creada el 21 de abril de 1.993 bajo la denominación Defensoría del Pueblo Seccional de Sincelejo, solamente con 4 funcionarios que despachaban en un inmueble ubicado en el edificio Concasa y en la actualidad “el equipo está conformado por 35 funcionarias y funcionarios, 75 defensoras y defensores públicos y 13 contratistas adscritos a las distintas Delegadas de la entidad”, explicó Carlos Camargo Assis.
