Más allá de ser un alivio en medio del cúmulo de dificultades que afrontan los habitantes de la Mojana, en el departamento de Sucre, en esta ola invernal, las ollas comunitarias se convirtieron en un problema.
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No saciaron el hambre de un pueblo que tiene bajo las aguas sus cultivos, pero sí dejaron deudas que ellos, los ahora morosos del pueblo, no tendrían por qué tener por culpa de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El descontento por los malos manejos de estas ollas comunitarias que hacen parte del programa Comida Caliente que en tantos escenarios menciona el presidente Gustavo Petro es generalizado y de ello se habla en la región, máxime en estos momentos cuando el hambre apremia y no hay dinero ni cultivos a los que recurrir.
Sin tapujos y con impotencia por lo ocurrido, el ciudadano Nelson William Álvarez Rodríguez, representante legal de la Junta de Acción Comunal (JAC), de las veredas Berlín y San Matías, en el corregimiento Gavaldá, parte baja, jurisdicción del municipio de Guaranda, e integrante de la directiva de la Alianza Comunal Mojana, denunció lo que ocurrió con dicho programa y las consecuencias que hoy afrontan.
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En lo que a su zona compete dice que no dieron las comidas durante el tiempo establecido que era de 3 meses, es decir, 90 días.
“Las ollas contratadas con los facilitadores las empezaron entre el 5 y el 8 de diciembre del año 2.023 y fueron suspendidas el 14 de febrero de 2024 por falta de pago, según la versión del facilitador Lourdes Mercado”, dijo el líder comunal, que a su vez afirma que la “Unidad en cabeza del señor Carrillo tiene quebrados los ‘tumbacucharas’ en la Mojana y le debe el trabajo a las mujeres que preparaban los alimentos”.
Precisó que la primera irregularidad en la que incurrieron las ollas comunitarias es que contrario a lo que anunció el presidente Gustavo Petro de que estas serían manejadas por las Juntas de Acción de Comunal, en la Mojana de Sucre, se las dieron a facilitadores, incluso traídos de Sincelejo, la capital del departamento.
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“En esta ocasión la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le entregó la ejecución de las ollas comunitarias a una figura de facilitador que nosotros lo rechazamos desde el primer momento porque ese era un operador como lo tiene el PAE, pero el caso es que muchas ollas en manos de los facilitadores de Córdoba y Bolívar terminaron porque a la gente que aportó la plata para dar 90 raciones diarias por 90 días la Unidad todavía les debe la plata”.
Y para el caso de Sucre, “donde un operador tenía más de 60 ollas aún la Unidad las está debiendo. Hace dos meses el señor Joismen Bernal, de la Alianza Comunal Mojana, fue a Bogotá a entrevistarse con el doctor Carrillo y allá les dijeron que fueran a las veredas y los corregimientos a conseguir las actas y listados de beneficiarios para ellos pagar y aún eso no se ha hecho efectivo”, dijo Álvarez Rodríguez que a su vez se duele de que el paso de Carlos Zuleta, un hijo de la Mojana, en representación de la Ungrd en el territorio, hubiese sido “sin pena y sin gloria”.
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La última olla comunitaria que Nelson William Álvarez Rodríguez vio y degustó fue la del 24 de enero de 2024 y aún la Unidad, según él, “la está debiendo al facilitador y este a su vez se las debe al comercio nuestro, a las tiendas y ‘tumbacucharas’ de corregimientos y veredas donde suministramos 25 días de ollas y las tiendas quedaron quebradas porque la plata no ha llegado. Es una situación terrible”, dijo el líder comunal que a su vez pide castigar estas acciones en contra de las personas menos favorecidas y más necesitadas como lo son los damnificados de la ola invernal de la Mojana.
Agrega que el sentir de esta zona con las segundas ollas comunitarias que se las entregaron a los facilitadores es de tristeza, desolación y traición, y máxime en su vereda donde solo hubo comida por 45 días porque no hubo dinero.
