El Fiscal Cuarto Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en el departamento de Sucre le solicitó a la juez Séptimo Penal Municipal de Sincelejo, con funciones de control de garantías, que le imponga medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a los implicados en el millonario cobro coactivo realizado por la ESE San Francisco de Asís a la Nueva EPS.
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Si la juez accede al pedido del fiscal, que es además el Delegado ante el Tribunal Superior de Justicia, irían a prisión la exgerente de la Empresa Social del Estado, Milena Peña Pacheco; el exsubdirector administrativo y financiero Carlos Guerra Sierra, y la representante legal del Centro de Cobranzas y Asesorías Ltda, Ruby Cassiani Escorcia.
A los tres les imputaron cargos por los delitos de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por acción, que no aceptaron.
El fiscal le dijo a la juez en la mañana de este sábado 26 de octubre durante la audiencia que las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de Milena Peña Pacheco, Carlos Guerra Sierra y Ruby Cassiani Escorcia se hacen necesarias, idóneas, proporcionales y razonables para que no obstruyan la justicia y porque existe una alta probabilidad de fuga dado que los tres tienen pasaportes y visas vigentes y les registran entre 2 y 18 salidas fuera del país.
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Para el caso de la exgerente Milena Peña dijo que ha viajado en 18 ocasiones fuera de Colombia y uno de sus destinos favoritos es Francia, donde reside uno de sus hijos.
Sustentó el fiscal que las otras medidas restrictivas de la libertad no se adecúan a las conductas que estos cometieron, pues estando en ellas podrían afectar a la testigo que es una asesora jurídica de la ESE para la época de los hechos, y que dicho sea de paso, fue la persona que le hizo ver a la entonces gerente de la ESE y que a su vez era su jefa, que no le estaba dado a las Empresas Sociales del Estado realizar cobros coactivos, pero esta sin el apoyo incluso de la Junta Directiva de dicha entidad, procedió el embargo de más de 16 mil millones de pesos de las cuentas de la Nueva EPS y de estos dineros pagó más de $3 mil millones al Centro de Cobranzas y Asesorías Ltda por haber realizado esa mala práctica que se ha generalizado en el país y que tiene además en líos disciplinarios a muchos otros gerentes de ESE, en especial en los departamentos de la Región Caribe.
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Esta última de las audiencias concentradas, que es la de solicitud de medida de aseguramiento, continuará el próximo miércoles 30 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana. Será la oportunidad para que los demás intervinientes en el proceso se refieran a la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía.
