Los reparos que el Comité de Veeduría Ciudadana Permanente de Sincelejo y la veeduría Sincelejómetro le han hecho al proceso contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Sucre han dejado al descubierto, según sus representantes, unos ‘micos’ y el favorecimiento hacia el Consorcio Alimentar Sucre 2017 que fue el seleccionado.
Es por ello que estos ciudadanos le han insistido al gobernador Édgar Martínez Romero que no continúe con el proceso, que lo declare desierto e inicie uno nuevo, de lo contrario tendrá que enfrentar las acciones legales a que haya lugar, entre esas una acción popular por estar violando derechos colectivos.
Norbey Moreno Romero, presidente de Sincelejómetro, y los veedores permanentes, no se explican cómo el secretario de Educación de Sucre, Álvaro Hoyos Romero, habilitó la propuesta del Consorcio Alimentar Sucre 2017 sin que esta cumpliera con los requisitos que el ministerio de Educación exige a través de la Resolución 16452 y los decretos 1075 y 1852 del año 2015 que conmina a los operadores del PAE a contar con una bodega de acopio que esté dotada de refrigeración, balanza, grameras, termómetros, carretillas, canastillas y estibas.
'Aquí el comité que hizo la visita y que integraron seis personas en representación de diversas áreas del Gobierno Departamental solo se dedicó a hablar de paredes, ventanas, pisos e iluminación que tampoco están en las condiciones que lo exige la ley', dijo Moreno Romero.
Y agregó: 'Nada se dijo sobre aspectos habilitantes tan importantes como lo es la refrigeración de los alimentos. Eso es un ‘mico’. Cualquiera que iba a participar en la licitación debía tener la bodega equipada porque este no es un proyecto de emprendimiento con el que del primer anticipo se va a pretender acondicionarla. Esta es una omisión, una conducta delictuosa y disciplinaria'.
Esa visita a la bodega 15 del Parque Industrial de Sincelejo fue realizada el 3 de mayo por el abogado Héctor Espinosa Angulo, los asesores Karina Cotera Cumplido, María Angélica Torres Flórez y Dayan Arenas Martínez y el ingeniero de alimentos Guillermo José Carballo.
Y aún sin contar con esos equipos que no fueron vistos por los veedores permanentes en las dos visitas que realizaron y que en una de estas no se les permitió el acceso, el 17 de mayo el secretario de Educación, Álvaro Hoyos Romero, califica como buena esa propuesta del Consorcio Alimentar Sucre 2017. 'Lo hizo él solo, no siendo una persona idónea para realizar toda esa calificación', anota el veedor que invita al Gobernador de Sucre, como ordenador y ejecutor del gasto, a que vaya él mismo a inspeccionar la bodega a la que el consorcio que habilitó se refiere en su propuesta.
Contratación de bodega
Otro de los ‘micos’ que según la Veeduría Sincelejómetro tiene este proceso es el relacionado con la contratación de la bodega. 'Desde un principio se ve el direccionamiento para favorecer porque en el numeral 21.1 dice que entre las condiciones del oferente está la de acreditar por parte de este que cuenta mínimo con tres bodegas de las cuales podrá allegar promesa de contrato de arrendamiento', aseveró y añadió 'con el decir de promesa es un ‘mico’ y el Consorcio Alimentar Sucre 2017 no tiene ni siquiera el contrato de esa bodega sino la promesa; es decir, jurídicamente no tiene el goce y uso de esa bodega por lo que si llega un comerciante y firma un contrato con el propietario de esa bodega el consorcio queda sin ella y no puede buscar otra porque ese es un requisito insubsanable'. 'De aquí nace el direccionamiento', puntualizó.
También les crea suspicacia a los veedores el hecho de que el proceso haya sido suspendido con una Resolución que firmó el gobernador Martínez Romero sin tener número, como lo exige todo acto administrativo, y tampoco se supo quién la elaboró ni quién la proyectó, y peor aún, a la hora de montar el contrato LP-002-2017 en el Secop a este le crearon 25 registros, 'eso es sospechoso y turbio, se está quebrantando el principio de publicidad y transparencia de la contratación pública. Este es un proceso lleno de telarañas' anota Moreno.
¿Dónde están los entes de control?
Los veedores ven además con preocupación el silencio que frente a este tema -en el que están en juego cerca de 19 mil millones de pesos-han guardado los entes de control en el departamento, entre ellos la Contraloría General y la Procuraduría Regional que aparecen firmando el acta de las dos propuestas presentadas. De esta última entidad precisan que John Jaime Arango Orozco, procurador (e), ha estado en todo el proceso, primero como designado y ahora como titular de esa entidad y no ha hecho ningún pronunciamiento.
Precisamente en ese ente del Ministerio Público labora desde el 1º de febrero la administradora de empresas Karol Hoyos Tuirán, hija del secretario de Educación de Sucre, y quien entre sus funciones como profesional universitario grado 17 las de llevar la agenda del despacho, es decir, de John Jaime Arango Orozco.
'Me sorprende que estos dos funcionarios se hicieron partícipes del proceso precontractual y no han observado las irregularidades por las que las veedurías hemos hecho observaciones que debieron estar en cabeza de ellos a los que le pido que se pronuncien en representación de sus instituciones', puntualizó Moreno Romero.
