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Dos familias de los municipios de San Onofre y Tolú, al norte del departamento de Sucre, recibieron los cuerpos de sus seres queridos que llevaban más de 20 años desaparecidos en el marco del conflicto armado por parte de las entonces AUC.

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En San Onofre, otrora centro de operaciones del Bloque Montes de María de las AUC, fue entregado el cuerpo de Javier Enrique Berrío Mercado, quien había desaparecido desde el 25 de mayo del año 1997 cuando tenía 23 años y acababa de llegar a su pueblo natal tras haber prestado el servicio militar; mientras que en Tolú fue entregado el cuerpo de un joven que desapareció el 17 de septiembre del año 1999.

Para este último caso y “de acuerdo con la investigación, hombres armados, integrantes de un grupo al margen de la ley, irrumpieron en su vivienda en horas de la madrugada y se lo llevaron. Tras décadas de incertidumbre, sus seres queridos, que pidieron reserva de su identidad, por fin pudieron despedirlo”. 

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Los dos cuerpos fueron exhumados en el año 2005 por la Fiscalía en la finca El Palmar, de San Onofre, y sus identificaciones fueron posibles gracias al impulso que le ha dado a estos procesos la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Esta última tomó muestras a familias de las subregiones Montes de María y Golfo de Morrosquillo y eso permitió agilizar las identificaciones, al tiempo que la JEP ordenó las medidas cautelares en la finca El Palmar, otrora centro de operaciones del Bloque Montes de María de las AUC que militarmente comandaba el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena.

Los cuerpos de los jóvenes fueron sepultados en sus municipios de origen con acompañamiento de Alejandro Ramelli, magistrado de la Sección para casos con Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de Blanca Arteaga Morales, coordinadora de la UBPD en Sucre y Bolívar. 

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“Para las víctimas, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Sabemos que los procesos de búsqueda son difíciles, muchas veces llenos de inconvenientes, de falta de solidaridad y apoyo. Pero también hay muchas organizaciones que están con ustedes; y reitero que pueden contar con el apoyo de nuestra jurisdicción”, dijo el magistrado Ramelli.

Por su parte Blanca Arteaga señaló que estas entregas reflejan la respuesta que el Estado da en materia de búsqueda e identificación a las víctimas del conflicto armado. 

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“Estas acciones nos permiten avanzar en el proceso de búsqueda humanitario y extrajudicial que como Unidad de Búsqueda lideramos en el territorio a través de la implementación del Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo, que busca ofrecer una respuesta efectiva, como lo es la entrega digna, a por lo menos 1.500 familias que buscan a sus queridos desaparecidos y que aún no saben dónde están y qué pasó con ellos”, explicó la funcionaria.