Desde la ciudad de Cartagena, donde se desarrolla el evento más importante del mundo sobre gestión del riesgo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, Carlos Carrillo Arenas, anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra el interventor de las obras de Cara e’ gato, en la Mojana.
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La decisión fue tomada al evidenciar presuntas deficiencias en la labor de supervisión del contrato que tiene como finalidad el cierre de un chorro por donde el río Cauca filtra sus aguas y que está paralizado desde hace más de un mes.
Así las cosas, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no solo detectó lo que ha denominado abandono de la obra por parte del Consorcio RCG, sino que ahora detectó fallas en la supervisión del contrato por parte de la interventoría que está a cargo de la empresa Estudios, Consultorías y Obras S.A.S.
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El valor del contrato de obra es de cerca de 130 mil millones de pesos, de os cuales solo giraron $20 mil millones que corresponden al 25%; mientras que el valor de la interventoría es por más de $3.900 millones.
“Las interventorías son los ojos de las entidades en el territorio y deben velar por la correcta ejecución contractual, por lo que conminamos a que su labor sea rigurosa y transparente, solo así se garantiza que los proyectos, que afectan la vida de las comunidades y en los que hay recursos públicos, lleguen a feliz término”, dijo Carrillo Arenas en una rueda de prensa.
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Agregó que el “interventor tenía la obligación contractual de hacer una revisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica de las obras de emergencia para la recuperación de la margen izquierda del dique del río Cauca, es decir, de vigilar que el contratista RCG, a cargo de la obra, se ciñera a los plazos y términos contractuales, garantizando la eficiente inversión de los recursos, pero la UNGRD, ha evidenciado presuntas fallas en la ejecución contractual de la interventoría como la verificación de las mediciones en campo de las obras realizadas, la entrega oportuna de la información solicitada por la Unidad, entre otros”.
Una de las fallas en las que habría incurrido la interventoría fue no evitar que el contratista sacara tierra de predios privados sin autorización de los propietarios, además, hay inconsistencias en las cantidades de obra reportadas.
