El 24 de julio se cumple un año de la alerta temprana 061-18, emitida por la Defensoría del Pueblo y avalada por el Ministerio del Interior, para advertir que la seguridad de San Onofre, de sus habitantes y en varios corregimientos están en riesgo.
El municipio costero fue utilizado por los paramilitares para imponer su ley y para lucrarse con el envío de droga al exterior.
Este territorio es golpeado y manejado, hoy en gran parte por el Clan del Golfo, así lo reconoció hace tres semanas el Ministerio de Defensa en un consejo de seguridad.
Pero desde hace 12 meses la Defensoría ya había indicado, en el informe de 29 páginas de la alerta, lo que estaba ocurriendo y lo que puede seguir ocurriendo si no hay acciones del Gobierno.
Con 44 recomendaciones para las fuerzas armadas, policial, civil y las autoridades, la entidad que defiende por Constitución los derechos humanos insta a cumplir y evitar que se profundice la situación por amenazas a 5.900 personas en San Onofre.
La alerta se refiere a este número de personas de los corregimientos Berrugas, El Rincón del Mar, Higuerón, Libertad, Sabanas de Mucacal, Labarcé y San Antonio, así como a los corregimientos de Chichimán, Alto de Julio, Las Brisas y Sabanetica.
Y se refiere de manera exclusiva a líderes y lideresas de las 62 organizaciones de víctimas, 33 juntas de acción comunal, a los pescadores de El Rincón y Berrugas, comerciantes, mototaxistas y profesores, entre otros.
Rosa Vergara Hernández, defensora regional del Pueblo, dice que las alertas no se han cumplido. Si la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, llegaran mañana a Sucre a revisar esos cumplimientos la institucionalidad saldría muy mal librada.
El año pasado en Sucre se cometieron 130 homicidios, de los cuales 16 ocurrieron en San Onofre. En lo que va de 2019, 77 asesinatos se han registrado en el departamento, de los cuales 14 son en el municipio costero.
El asesinato a finales de marzo pasado de Eliécer Bello Contreras y de su hijo Arleys, un talentoso artista urbano, ocurrido en el corregimiento Pajonal, muestra la situación de violencia en San Onofre, y donde la semana pasada circuló un panfleto en el que amenazan a 35 personas.
La amenaza fue para los habitantes que son señalados de participar en el negocio de las drogas ilícitas y a otros de ser 'líderes sapos'.
Rodrigo Ramírez, defensor de Derechos Humanos, dijo que en San Onofre hay una 'reparamilitarización', y aclaró que las comunidades organizadas en El Rincón del Mar están amenazados por miembros de grupos armados.
La Defensoría del Pueblo dijo que emitió la alerta por estos hechos y aún no hay medidas por parte de la Alcaldía de San Onofre, que debe convocar periódicamente reuniones del consejo de seguridad para evaluar las situaciones de riesgo de vulneraciones de DDHH de los habitantes de las zonas identificadas en el informe.
'El informe subraya en que se elaboren y apliquen planes de seguridad que permitan contrarrestar las acciones de violencia y salvaguardar los derechos de los pobladores de zonas urbanas y rurales', señaló.
Las entidades comprometidas en la alerta debían enviar informes periódicos a la dirección del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Y la Alcaldía de San Onofre, la Gobernación y el Sena debían implementar planes y proyectos para fortalecer el desarrollo económico sostenible de los campesinos y pescadores del municipio, pero este año el Sena no operó en San Onofre.
