EL HERALDO tuvo acceso al documento presentado por la Procuraduría al Tribunal Administrativo del Atlántico. La acción es respaldada por varios sectores.
De acuerdo con la Fundación para el Estado de Derecho, la acción pretende que el Gobierno reactive los procesos exploratorios en el país o implemente un plan para garantizar la seguridad y la soberanía.
El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, señaló que el contrato vigente no prodrá prorrogarse por lo que el Ministerio deberá buscar otras alternativas para garantizar la expedición de pasaportes luego de esta fecha.
La acción popular busca que la Secretaría de Control Urbano y las empresas relacionadas en estos casos tomen medidas correctivas.
La petición fue presentada por el personero distrital, William Matson Ospino, ante la amenaza de un eventual derrumbe del Cerro de la Popa.