El movimiento publicó un informe donde pone de relieve violaciones de derechos humanos pasadas y presentes en este centro de detención.
Las comunidades buscan evitar que su población termine infectada por las actividades de casi 20.000 mineros ilegales en sus territorios.
Piden garantizar su acceso a servicios de salud adecuados y sin discriminación, a seguridad y protecciones sociales.
Fue aprobado en cuarto debate en la Cámara de Representantes.
La solicitud la había presentado un integrante del frente 59 de las Farc en el marco de un caso en el que se vio afectada una niña wayuu.