El Comité considera que el proyecto de urbanismo y vivienda “está ajustado a la legalidad”.
El Ministerio Público indicó que la entidad debe cumplir con su rol 'articulador' del desarrollo urbano. El AMB destacó acciones adoptadas para la restauración del ecosistema.
El Ministerio público alertó que se evidencia desconocimiento y falta de coordinación entre los planes de ordenamiento en torno al proyecto urbanístico.
De acuerdo con el abogado Roberto Tapia, este proyecto habitacional representa un 'grave' problema ambiental y de movilidad para la zona.
La directora de la fundación confirmó que esta es la opción principal que se maneja en estos momentos. Resta un acuerdo de cesión de terreno por parte del Grupo Argos para hacer viable la propuesta.