El exdirector de la Ungrd afirmó que a través de esta orden querían salvar la política de paz total del Gobierno.
Al parecer, el supervisor del contrato adicionó, injustificadamente, 6 mil millones de pesos en la etapa de ejecución.
El ente anunció que abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques.
De acuerdo con la Procuraduría los aportantes o financiadores de procesos políticos están inhabilitados para contratar con el Estado.
la entidad requirió a las entidades las razones operativas, técnicas y jurídicas por las cuales, en los casos en los que los contratos finalizaron, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente.