El objetivo es que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura sean 'imprescriptibles' y 'no amnistiables'.
Organismos de derechos humanos consideran el cierre del caso como 'una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país'.
La Jurisdicción acogió el caso de una menor reclutada que fue víctima de violencia sexual y obligada a tomar anticonceptivos.
La JEP acusa a los militares y al civil de supuesta 'participación determinante' en el asesinato de al menos 120 personas.