La Procuraduría inhabilitó por ocho años al funcionario para ejercer cargos públicos.
Se trata de Amalfi María Gaviria Ramos. La procuraduría también la inhabilitó por 8 años. Dentro de la investigación también vinculan al secretario de Gestión Social Deiber Conrado.
Esto por interés indebido en la adjudicación de un contrato para el manejo de basuras cuando fue alcalde de Bucaramanga.
La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados.
El Consejo de Estado rechazó en días pasados las solicitudes de nulidad procesal, suspensión del proceso y unificación de jurisprudencia presentadas por el mandatario de Sincelejo.