La Procuraduría solicitó recalificar el caso con el fin de establecer un concepto más garantista para los derechos de las víctimas.
El predio que los herederos de Carlos y Rodrigo recuperaron lo habían adquirido en 1.987. El último lo administraba y Carlos era político.
Los excombatientes aseguraron temer por su vida tras recientes ataques de disidentes. Fiscalía verifica una supuesta carnetización a la población civil.
Un juez acogió el argumento de la Procuraduría de que no se habían vencido los términos del proceso.
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le respondió al líder de Comunes, Rodrigo Londoño.