Según la Fiscalía, estos inmuebles están ubicados en la vereda El Obispo, en Supía en el departamento de Caldas. Están avaluados preliminarmente en más de 4.770 millones de pesos.
La togada concluyó que la decisión de imponer medidas cautelares 'fue adecuadamente motivada por la delegada del ente acusador y resultan razonables, necesarias y proporcionales'.
La vivienda quedó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), de acuerdo con la Alcaldía de Baranoa.
El ente acusador informó que en casi cuatro años afectó con fines de extinción de dominio bienes por $30 billones.
Los inmuebles se encontraban en Barranquilla, Galapa, Soledad y Juan de Acosta. Otras propiedades fueron ocupadas alrededor de todo el país.