Según Astrid Cáceres, no se trata de hechos aislados, sino de casos estrechamente relacionados con “otras formas de violencia de género como la violencia sexual, la trata de personas, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil”.
La procuradora Margarita Cabello aseguró que el departamento se convertirá en piloto en acciones para atender esta problemática. Fortalecer comisarías de familia y educación, otros desafíos a atender.
El Gobernador mencionó las estrategias que se implementarán para combatir la violencia contra la mujer en el Atlántico.
La fiscal Luz Adriana Camargo fue enfática en que hay un “cuello de botella” en el tema de avances en los juicios por investigación.
¿En qué ponemos el foco cuando se habla de prevenir las violencias de género, entre ellas su peor expresión, el feminicidio? Es incontestable que al Estado, porque esta tragedia colectiva supera a un gobierno tras otro, irremediablemente le ha quedado grande proteger a las mujeres, cuando no evitar que las maten, a pesar de que muchas de ellas solicitaron a las instituciones garantías para salvaguardar sus vidas. Por montones se cuentan penosos episodios que revelan el fracaso de un sistema que cada cierto tiempo se reestructura para renovar rutas de protección, modelos de atención para las víctimas o normas legales para perseguir el delito, autónomo desde 2015 con la Ley Rosa Elvira Cely. Es buena noticia que los feminicidas no tendrán ningún beneficio jurídico, tras la sanción de la ley que endurece su tratamiento penal, pero aún es insuficiente.