Juan Pablo Ramírez es investigado por presunta exigencia de dinero a subalternos para apoyar causas políticas.
La Procuraduría se refirió en concreto al caso de los carrotanques varados en La Guajira. Habrían incurrido en sobrecostos en la compra de los vehículos.
La mandataria local habría omitido el pago del plantel por alrededor de un año.
Por presunta agresión a uno de sus escoltas y conducir el vehículo asignado en estado de alicoramiento.
Esta implicaría la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con multas que podrían ir desde 5 hasta 10 millones de pesos.