El exfuncionario está sancionado por un término de 14 años.
La Procuraduría inhabilitó por ocho años al funcionario para ejercer cargos públicos.
Esto por interés indebido en la adjudicación de un contrato para el manejo de basuras cuando fue alcalde de Bucaramanga.
La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados.
La Procuraduría probó falsedad en el informe de ingresos y gastos de la campaña entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE).