Alejandro Romelli, presidente de la JEP, señaló que la entidad recibe aproximadamente $15.000 millones de esta agencia para la atención de casos relacionados con comunidades étnicas y violencia sexual.
Se trata de ex integrantes de 7 estructuras de las extintas FARC que operaron en Cauca y Valle del Cauca.
Se trata de una joven de 20 años, coordinadora de un grupo juvenil deportivo, y un vendedor ambulante en condición de discapacidad, de 28 años, quienes fueron asesinados, enterrados y ocultados en el sitio en mención.
De acuerdo con el presidente, “el congelamiento de fondos es producto de una política general de congelamiento a ayudas de países del mundo que hace Estados Unidos”.
Se trata de una estrategia conjunta con la JEP en la que no hay familiares buscando a estas personas.