Un coronel y dos mayores están implicados en el entramado por el que habrían defraudado al Estado en $320 millones.
De acuerdo con el estudio realizado por la psicóloga Edith Aristizábal el endurecimiento de las penas no es suficiente para esta población.
El burgomaestre y las otras dos personas fueron llevados a la URI en Valledupar, para ser judicializados.
Los hoy judicializados recibieron medida privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El ente de control aseveró que el Fondo Nacional del Ahorro recibió un menor valor en un contrato de cartera judicializada.