Se trata de alias Ocho, quien habría estudiado medicina en Cuba y cumplía un rol político en la organización.
Un coronel y dos mayores están implicados en el entramado por el que habrían defraudado al Estado en $320 millones.
De acuerdo con el estudio realizado por la psicóloga Edith Aristizábal el endurecimiento de las penas no es suficiente para esta población.
El burgomaestre y las otras dos personas fueron llevados a la URI en Valledupar, para ser judicializados.
La Fiscalía reportó que lograron pagos de cuentas de cobro sin vínculos contractuales o laborales con la entidad.