El organismo de justicia transicional acusa al exmilitar de haber permitido 130 casos de ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo a cifras del organismo, se han identificado 35.178 víctimas de este tipo de violencias en hechos ocurridos entre 1957 y 2016.
La instalación de este espacio contó con la presencia Marcela Giraldo Muñoz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Procuraduría ha insistido en la necesidad imperiosa de abrir un macrocaso al respecto.
El presidente de la entidad dijo que se tomarán los correctivos para el equipo de comunicaciones.