Se trata de un contrato para la producción de los documentos por un valor 599 mil millones de pesos.
Los funcionarios no estarían atendiendo a los llamados por los retrasos de las obras de reconstrucción de la zona tras seis años de la avalancha.
La alerta se da luego de la cancelación del proceso licitatorio por cerca de $600 mil mllones que resulta un inminente riesgo para la prestación del servicio público.
El presidente había anunciado desde Bélgica que el país vecino iba a participar en el proceso de paz con el Estado Mayor Central.
El alto tribunal ratificó que se encontraron irregularidades en el proceso de elección del funcionario.