En el Senado se debate una normativa que busca establecer multas para las personas o establecimientos que generen sonidos con altos volúmenes.
En caso de aprobarse en su octavo y último debate, el proyecto pasaría a conciliación.
El Gobierno Nacional ha justificado este proyecto argumentando la necesidad de financiar el hueco fiscal que trae el presupuesto General de la Nación, que le impide el cumplimiento de sus metas sociales, con la promesa de una reactivación económica en un escenario que supuestamente garantiza la sostenibilidad fiscal y ambiental del país.
La cartera de las TIC del Gobierno nacional mostró su apoyo a la iniciativa para construir un entorno digital más seguro para la niñez.
La Comisión Primera del Senado le dio el aval a la reforma constitucional. Le restan aún siete debates.