La meta es entregar 7.421 canastas alimentarias a familias en su mayoría indígenas del Cesar.
Los sujetos también fueron hallados culpables de otros delitos.
Entre las acciones encontradas está que no hay una completa contratación con la EPS Dusakawi, la cual maneja el 60 % de la población en esta zona del Cesar.
De acuerdo con la Procuraduría los aportantes o financiadores de procesos políticos están inhabilitados para contratar con el Estado.
El propietario del predio, ubicado en el departamento de Cesar, denunció el hecho ante las autoridades competentes.