El exrector dejó de asistir a la diligencia de sustitución de medida que se iba a hacer el pasado primero de abril porque le faltaban los documentos de la supuesta separación.
Su abogado defensor tampoco acudió a la diligencia judicial.
La Fiscalía se interesa en negocios de compra y venta de inmuebles en el extranjero, al parecer, hechos por el exrector y por su familia en época de crisis administrativa de la UAC.
La defensa del exrector de la Universidad Autónoma del Caribe asegura que su cliente no tiene beneficios en el establecimiento carcelario y que 'teme por su vida'.
El abogado de la Universidad Autónoma del Caribe señaló que la actual administración de la alma mater ha pagado la suma de $16.014.677.207 sin comprometer su patrimonio.