La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro, extorsión, terrorismo, tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
La exfuncionaria sigue en cautiverio, sin que se conozca donde se encuentra. Las autoridades aumentaron a $60 millones la recompensa por información.
Los uniformados fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.
La institución exigió la liberación de los uniformados, así como el respeto por su vida y su dignidad.
De acuerdo con la Fiscalía, el hombre fue uno de los encargados de obtener información de las víctimas y estructurar un engaño para llevarlas al punto donde fueron retenidas por hombres armados.