La actuación del Ministerio Público se da por solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los funcionarios del área legal se negaron a permitir que se llevaran los equipos recordando que la organización electoral en el país posee autonomía según la Constitución.
La visita obedece a una denuncia radicada en el año 2021 de un caso de presunta colusión.
Según reveló la superintendente de Industria y Comercio, en el arrendamiento de vehículos blindados de la UNP se habría incurrido en al menos dos conductas ilegales y 'constitutivas de prácticas restrictivas de la competencia'.
El sector de paneleros tradicionales celebraron la decisión, que fue tomado por la Superintendencia de Industria y Comercio.