Así como cada año hay protagonistas de hechos noticiosos que se convierten en personajes, otros, por los escándalos, polémicas o rifirrafes que producen, se constituyen en lo contrario ante su connotación negativa.
Más allá de los punzantes enfrentamientos políticos o ideológicos de los últimos años entre el Gobierno y la oposición, valga decir entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe o entre el fiscal Luis Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez por las negociaciones con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, en 2015 los antipersonajes tuvieron que ver con situaciones que fueron masivamente rechazadas por la opinión pública, en especial en redes sociales.
Y no era para menos: aunque en años anteriores se conocieron escándalos en otros tribunales y el Consejo Superior de la Judicatura, esta vez el país fue estremecido por las revelaciones de los presuntos cobros millonarios para tramitar tutelas en la Corte Constitucional, la garante de la Carta Magna colombiana. Magistrados como Jorge Pretelt Chaljub y Luis Ernesto Vargas y el exmagistrado Rodrigo Escobar salieron denunciados o investigados por revelaciones del abogado Víctor Pacheco.
De manera generalizada también fueron rechazados los multimillonarios contratos a dedo que, en nombre de la paz, entregó el fiscal Luis Eduardo Montealegre a exmagistrados y a la abogada Natalia Springer.
Tan antipersonajes como los dos anteriores resultaron los ‘saltos de canguros’ que candidatos a la Asamblea del Atlántico y al Concejo de Barranquilla, como los hermanos Yesid y María Luisa Pulgar Daza y Carlos Hernández Carrillo, pretendieron dar en los escrutinios locales; y las denuncias de supuestas ‘chuzadas’ y seguimientos a periodistas que develaron irregularidades y enriquecimientos en la Policía Nacional, que, presuntamente, involucran a su director, general Rodolfo Palomino.
La polémica o rifirrafe de 2015 surgió tras el anuncio del Gobierno del hallazgo del Galeón San José y las pretensiones de la empresa Sea Search Armada y de España de quedarse con parte del tesoro:
Los cuestionados contratos de la Fiscalía con Springer
En nombre de la paz, el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, entregó a dedo contratos que suman cerca de $11.000 millones, entre estos los de mayor valor –por unos $4.000 millones– a la politóloga Natalia Springer. Ella fue contratada para unos estudios sobre el accionar delictivo de las Farc, el ELN y las bandas criminales, lo que generó una intensa polémica con ribetes de escándalo. Más allá de los cuestionamientos sobre la herramienta investigativa de la abogada, que incluye algoritmos y ecuaciones, Montealegre fue blanco de críticas por contratar estudios que han podido hacer funcionarios de la Fiscalía calificados para ello.
Todo indica que la contratación fue acomodado para favorecer a Springer, dijeron medios nacionales. Y revelaron que el informe sobre el secuestro, contratado con la politóloga por $895 millones, fue severamente cuestionado por los interventores. Estos opinaron que el estudio entregado 'no cumplía con lo estipulado' y lo calificaron como 'una vergüenza'. Pese a ello, la Fiscalía pagó el primer desembolso. Igualmente, funcionarios de la Unidad de Análisis y Contexto del ente investigador criticaron, en otro informe, el despilfarro de los recursos públicos. 'La Fiscalía que investiga el carrusel (de la contratación) tiene el suyo propio', señala el informe que reveló Semana.com. También aseguraron que Springer redactó su informe tomando insumos de esa oficina. Ante las críticas, Montealegre defendió la idoneidad de la abogada y su trabajo; manifestó que si tiene que firmar más contratos para investigar graves violaciones de los derechos humanos, lo hará; dijo que la Fiscalía quería implementar el ‘modelo Springer’ y hasta condecoró a la politóloga en la entrega de los premios Enrique Low Murtra. Este hecho, considerado retador de su parte, lo rechazó hasta la familia del ministro de Justicia asesinado en 1991 por la mafia. Recordaron que él fue un hombre 'honesto y transparente'.
Dos investigaciones
Procuraduría indaga
Ante quejas recibidas por los contratos por $4.000 millones firmado entre la Fiscalía y Natalia Springer, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria. El titular de ese despacho, Alejandro Ordóñez, confirmó que ordenó la recolección de pruebas. Igualmente, el Ministerio Público inició un proceso al alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, quien firmó un contrato por $1.400 millones con la politóloga para una escuela para la paz en esa ciudad.
Contrato con Minvivienda
Además del cuestionado contrato con la Fiscalía, Natalia Springer firmó uno, de prestación de servicios por consultoría, por $1.339 millones con Fiduciaria Bogotá, administradora de los recursos del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? El ente de control fiscal evaluará si se justificaba haber contratado con la empresa de la politóloga un proyecto relacionado con el programa de vivienda gratuita que en el país impulsa el Gobierno nacional.
El año del desprestigio de la Corte Constitucional
'No voy a renunciar a la Corte. Si me voy, nos vamos todos'. La frase del magistrado cordobés Jorge Pretelt Chaljub, pronunciada en medio del escándalo que comenzó a conocer el país en febrero, terminó de estremecer los cimientos morales y éticos de la Corte Constitucional. El pronunciamiento lo hizo luego de que se destapara que, presuntamente, había pedido $500 millones para actuar como intermediario y favorecer a Fidupetrol en el trámite de una millonaria tutela. La revelación la hizo el abogado barranquillero Víctor Pacheco en una conversación que le grabó el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas. Pacheco le contó que Pretelt, supuestamente, cobró para hablar con el magistrado ponente Mauricio González y le reveló que el exmagistrado Rodrigo Escobar estaba metido en el trámite. Fidupetrol había perdido la tutela por $22.500 millones y a raíz de los señalamientos González denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara a Pretelt. Este afirmó que todo era un 'complot' y que no participó en la selección de la tutela ni votó a favor de la misma, y arremetió contra Vargas. Lo acusó de tener interés en el trámite de varias tutelas, como la presentada por los defensores de la estudiante Laura Moreno, vinculada a la investigación del homicidio de Luis Andrés Colmenares. La revelación de Pretelt indignó a la familia del universitario guajiro que, tras recordar que Vargas es vecino de la investigada, se preguntó ¿cuál era el interés? de seleccionar la tutela que buscaba impedir que en el juicio, como lo ordenó la Corte Suprema, interviniera a pedido de la Fiscalía el patólogo estadounidense Karl Smith, quien iba a demostrar que la muerte del joven Colmenares no fue un accidente sino un homicidio. Al comenzar su proceso en la Comisión de Acusaciones, Pretelt sostuvo, a través de su abogado Abelardo de la Espriella, que no tenía garantías.
En septiembre, Julián Bedoya, presidente de la Comisión de Acusaciones, presentó una ponencia acusando al magistrado del delito de concusión. Con una votación de nueve votos a favor y ninguno en contra, la Comisión aprobó el cargo. 'La acusación contra Pretelt se constituye en un prevaricato sin antecedentes en la historia jurídica de Colombia. Valieron más las presiones políticas, mediáticas y las intrigas, que todas las pruebas a favor de mi cliente', dijo De la Espriella en respuesta.
La decisión pasó a la plenaria de la Cámara que por 96 votos a favor y 45 en contra aprobó la acusación y la remitió al Senado. La histórica decisión dejó a Pretelt a un paso de ser suspendido y juzgado por la Corte Suprema. Pacheco, por su parte, aceptó el delito de intento de soborno y se convirtió en testigo de la Fiscalía. El exmagistrado Escobar no aceptó el delito de tráfico de influencia agravado. Todo este episodio dejó afectada la imagen de la Corte Constitucional, pues los colombianos sintieron que la dignidad de la mejor institución de la Rama Judicial también había sido pisoteada.
Gobierno vs. Sea Search por el galeón
A comienzos de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció que Colombia había encontrado, 307 años después de su hundimiento, el Galeón San José, barco insignia de la Armada española del siglo XVIII que navegaba cerca a Cartagena con un tesoro calculado en 10.000 millones de dólares. De inmediato la empresa Sea Search Armada, a través de su abogado Danilo Devis Pereira, barranquillero, recordó que en 1982 habían hallado el buque –EL HERALDO dio a conocer dichas coordenadas en exclusiva– y reclamó el 50% del tesoro.
En nombre de Colombia, el jefe del Estado rechazó el reclamo de la compañía cazatesoros y aseguró que el sitio que esta dio 'no corresponde, en modo alguno, con aquel en que el Estado colombiano reconoció las evidencias arqueológicas del Galeón San José'. Pretensiones similares expuso España, ante lo cual Santos manifestó que ese país 'haría más en impulsar políticas de recuperación de este patrimonio que en reclamar su propiedad'. Como el rifirrafe entre las partes está vigente, en 2016 seguramente habrá más noticias y decisiones al respecto.
Periodistas denuncian ‘chuzadas’ y seguimientos
La advertencia les llegó a través de correos electrónicos de un informante. Los mensajes daban cuenta de que, presuntamente, desde la Policía Nacional las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales eran consideradas ‘objetivos de alto valor periodístico’; que les estaban haciendo seguimientos y que existían varias carpetas con ‘chuzadas’ de sus conversaciones. Dávila había dado a conocer acosos sexuales a un alférez de la Policía, en los que, de acuerdo con las denuncias que recibió, estaría supuestamente involucrado el director de la institución, general Rodolfo Palomino. A esas revelaciones se unió el periodista Daniel Coronell, quien dijo que en la Policía existía 'una banda de prostitución masculina llamada la ‘comunidad del anillo’'.
Y también, en equipo con Dávila, reveló que Palomino había adquirido varias y valiosas propiedades en exclusivas urbanizaciones, como El Pedregal de San Ángel, en Fusagasugá, y Los Caballeros de la Noche, en Sopó, pese a que su sueldo no daba para tanto. También se reveló que cuando fue director de la Policía de Carreteras, adquirió unas tractomulas. El oficial negó los señalamientos, dijo que no es un corrupto y que los bienes los compró por un plan de ahorro e inversión con su familia.
El presidente Juan Manuel Santos afirmó que su gobierno no ‘chuza’ ni hace seguimientos ilegales y anunció que no tomará decisiones con base en 'chismes'. MIndefensa, Luis Carlos Villegas, cree que todo es una conspiración y le dio su respaldo a Palomino. Pero, como en los casos confirmados de las ‘chuzadas’ del DAS, los periodistas afectados creen lo contrario y denunciaron lo sucedido a la Fiscalía. Esta institución, en principio, dijo que todo indica que las escuchas ilegales provienen de la Policía. La investigación sobre este caso continúa.
La vergüenza de los ‘canguros’ electorales
Después de las elecciones locales del 25 de octubre, en las que serían escogidos los 14 diputados del Atlántico y los 21 concejales de Barranquilla, entre otros cargos, se desató el peor de los escándalos: en la Comisión escrutadora 34 de la capital del Atlántico, así como en Sabanalarga, comenzaron a aparecer ‘votos fantasmas’. Fue tal el revuelo, que la Fiscalía envió desde Bogotá al director del CTI para que indagara qué estaba sucediendo. Al final se confirmó que cerca de 2.000 votos, llamados 'saltos de canguro', aparecieron favoreciendo al diputado Yesid Pulgar (Partido de La U); a su hermana María Luisa Pulgar, quien en nombre del Partido Liberal aspiraba a llegar al Concejo Distrital, y a Carlos Hernández Carrillo, actual concejal por Cambio Radical.
Tras las denuncias y comprobaciones esos votos fueron anulados y los tres perdieron las elecciones. La vergüenza nacional a la que fue sometido el proceso eleccionario en Barranquilla puso de presente, otra vez, que el país necesita un nuevo Código Electoral, pues el actual data de 1986 y no contempla una serie de trampas que, elección tras elección, son practicadas por quienes con la compra de votos se hacen elegir concejales o diputados y hasta congresistas de la República.
En las pesquisas, el CTI descubrió lo que había sucedido y un juez ordenó la captura de Carlos Donaldo Martínez, uno de los encargados del soporte técnico de la Registraduría. Todavía hoy la opinión pública se pregunta quiénes lo contrataron y cuánto le pagaron. De eso nada se ha informado. Tampoco los partidos políticos de los tres candidatos han tomado decisiones disciplinarias ni éticas.
