Tras publicar la lista de candidatas admitidas e iniciar en firme el proceso de formación de las aspirantes al título, el Reinado de la Independencia también empieza a librar su ya habitual batalla jurídica para resolver los reclamos de las jóvenes que no lograron un cupo en el certamen que enmarca la celebración del 11 de noviembre.
Como viene sucediendo desde hace cinco años, en esta nueva edición del concurso las precandidatas que no fueron admitidas durante el proceso de selección buscan asegurar su participación en el reinado a través de acciones de tutela.
Esta vez fueron las representantes de Los Cerros, María de Jesús Ledesma; Andalucía, María José Zúñiga; el Educador, Liz Lorena Teherán; Ciudadela 2000, María Camila Mendoza; y el Campestre, Linda Mariana Villa, quienes instauraron acciones de tutela en contra del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), ente encargado de coordinador el concurso cada año en la ciudad.
Liz Lorena Teherán, del barrio El Educador, al igual que las otras cuatro tutelantes, afirma que 'dicho proceso de selección no fue acorde a lo establecido por la ley' y que 'se les vulneró el derecho al debido proceso y a la igualdad'.
Según Joaquín Torres, abogado de Teherán, el IPCC puso en riesgo el derecho al debido proceso de las candidatas al no establecer un método claro para medir la ‘cultura general’ de las aspirantes, que era, junto al ‘impacto del proyecto social cultural’, uno de los criterios de selección con mayor puntuación (20%).
El cuerpo, el rostro, el talento y la facilidad de expresión fueron los otros criterios tenidos en cuenta por el comité de selección, que reunido en el Teatro Adolfo Mejía el pasado 5 de agosto eligió el grupo de 32 aspirantes, quienes desde ya se disputan la corona.
'Si la cultura general es el pilar sobre el que se está sustentando este año el concurso público llamado Reinado de la Independencia, es insólito que no se haya evaluado correctamente, pues según lo que expresa la joven de El Educador y otras candidatas, a algunas solo les preguntaron sobre su vida personal y su proyecto social', señaló el abogado.
Torres afirmó que por ser el Reinado de la Independencia un certamen que recibe dineros públicos debe estar sujeto a las disposiciones de la ley. 'De acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional, la evaluación de cultura general en un concurso público se debe hacer de forma escrita, y esto por supuesto no lo hice el IPCC'.
Por su parte, Liz Lorena aseguró que este el segundo año que busca representar a su comunidad en el Reinado de la Independencia, y que luego de recibir un nuevo 'no' decidió 'ampararse en la ley'.
'El año pasado lo intenté, no pasé y decidí dejarlo todo en manos de Dios. Pero esta vez me preparé el triple, y realmente me sentí muy bien en la entrevista con el comité. Con esta tutela también estoy buscando una respuesta, porque siento que mi comunidad y yo lo merecemos', dijo la estudiante de enfermería.
Gustavo Pianeta, asesor jurídico del IPCC, manifestó que las jóvenes, las familias y las mismas comunidades deben saber que en el proceso de selección no hubo eliminación, ni descalificación de los atributos de las candidatas.
'Se escogió al grupo de jóvenes que ya están listas, que este año están preparadas para iniciar el proceso del reinado. El IPCC buscó un grupo plural, en un proceso completamente transparente, diáfano, en el que hubo acompañamiento de la Personería', dijo el asesor, quien además precisó que no se puede incluir a todas las jóvenes que se inscriben al reinado-este año fueron 57- por aspectos presupuestales.
El IPCC ya empezó a dar respuesta a cada una de las acciones de tutela, cuyos fallos se conocerían las próximas semanas.
'Son tutelas hechas por las mimas personas año tras años, que asesoran a las jovencitas haciéndolas creer que esto es un reinado de belleza, cuando hemos resaltado que este es un reinado cultural que promueve un proceso de integración y de liderazgo festivo de las jóvenes', afirmó.
