A cinco años y 10 meses de cárcel fue condenado este martes el exduque de Palma, marido de la Infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de España lo procesó por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, informaron diferentes medios de comunicación españoles como El País.
El tribunal también condenó al exsocio de Urdangarín, Diego Torres, a cinco años y ocho meses, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración. Asimismo lo absolvió del tráfico de influencias, blanqueo y falsedad.
Sin embargo, una de las noticias que más relevancia tiene es que sigue en firme la vinculación 'de partícipes a título lucrativo de la infanta Cristina y de Ana María Tejeiro (esposa de Torres) por delitos de malversación y fraude a la administración, pero el alto tribunal ha anulado la responsabilidad de ambas en los delitos contra la Hacienda Pública. Este cambio implica que la cuantía que debe abonar la infanta se reduce de los 265.088 euros impuestos por la Audiencia de Palma a 136.950 euros', informó el diario El País.
También hay que resaltar que la pena a Undangarin baja en cinco meses la que ya se le había impuesto en la Audiencia de Palma el pasado 17 de febrero de 2017. Este parte del fallo se dio gracias a que el alto tribunal no pudo probar el delito de falsedad en documento público contra el exduque.
Como lo revela El País, y muy al estilo de lo que se ve en Colombia, el proceso se puede dilatar por parte de la defensa Urdangarin, para así evitar que vaya tras las rejas rápidamente.
'La condena del alto tribunal no implica necesariamente el encarcelamiento inmediato de Urdangarin, aunque el marido de la infanta Cristina tendrá muy difícil eludir el ingreso en prisión. La Audiencia de Palma, que es a la que le corresponde ejecutar la sentencia, puede decretar directamente el encarcelamiento del cuñado del Rey. Pero la defensa de Urdangarin puede a su vez pedir el indulto o recurrir en amparo al Constitucional y solicitar a la Audiencia de Palma que deje en suspenso el ingreso en prisión hasta que el tribunal decida si admite a trámite el recurso, lo que puede demorarse varios meses', relata la nota de El País.
