¿Cuál es el efecto que ha tenido en la percepción del ciudadano del común las intempestivas salidas del país de funcionarios y servidores públicos del más alto nivel, ante decisiones judiciales en su contra? ¿Es por estrategia o por falta de garantías que se van? Como lo dijo el caudillo liberal en un célebre discurso, ¿es la justicia solo para los de ruana?
Bajo la sombrilla de estos interrogantes, tres reconocidos abogados de Barranquilla, todos especializados en derecho público y constitucional y todos vinculados a respetadas universidades locales se dieron cita en el Tinto del Domingo para debatir las implicaciones de los hechos que se relacionan a continuación, pero también hablar de la aplicación de justicia, de los retos a que se enfrenta nuestro sistema, de las reformas que plantea el gobierno y, al final, presentar su visión de lo que se debe hacer para que la justicia llegue al ciudadano de manera pronta, efectiva y justa.
Al final, más allá del análisis a las reformas propuestas en relación con las altas cortes, los invitados coinciden en que algo más hay que hacer para mejorar la percepción que se tiene de la aplicación de justicia en el país: revisar los enfoques en la enseñanza del derecho de manera que las nuevas generaciones de abogados “salgan con una visión diferente de lo que es su profesión: que no es el derecho litigioso, ni para ganar los más altos honorarios, sino que es el derecho como instrumento de convivencia social”, como dice la profesora Viridiana Molinares; apostarle a la capacitación de los jueces y forjar formas más civilizadas para la resolución de los conflictos cotidianos.
Los que se han ido
Luis Carlos Restrepo: Excomisionado de Paz (2002-2009) del gobierno de Álvaro Uribe. Salió del país en enero de 2012, cuando fue requerido judicialmente para que respondiera por la supuesta desmovilización de un frente paramilitar. Está asilado en Canadá.
Andrés Felipe Arias: El exministro de Agricultura (2006-2009) lucha para que le otorguen asilo en Estados Unidos, adonde se fugó tras haber sido condenado a 17 años de cárcel por la Corte Suprema, por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, AIS.
María del Pilar Huratdo: A la exdirectora del DAS (2007-2008) la señalan por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones (chuzadas), abuso de función pública y peculado por apropiación. Su asilo en Panamá ha generado una controversia jurídica.
Sandra Moreli: A la excontralora General de la República (2010-2014) se le señala por contrato sin cumplimiento y peculado por apropiación a favor de terceros. Adujo “falta de garantías’ al huir a Italia en los primeros días de septiembre.
Julian Marulanda: Se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia desde el 25 de agosto. Hay una orden de captura en su contra por liderar una red de corrupción que defraudó a la Unidad de Protección de Víctimas, en la que era secretario general.
Rachid Náder Orfale, PhD en Derecho Público, rector de Unilbre en Barranquilla.
Abuso del derecho al asilo: La decisión de esos funcionarios de fugarse del país y de asilarse en otros da muestra de un abuso del derecho que tienen a ser refugiados políticos. Han pretendido burlar el accionar de las autoridades judiciales, como si la justicia fuera solo para “los de ruana”. Creo que es una conducta de doble moral, porque una persona que hizo parte de la institucionalidad no podría decir hoy que esa misma institucionalidad no opera de manera adecuada. Se ha abusado en nuestro país de la figura del refugiado político. Estos funcionarios no tienen tal calidad porque no se les persigue por un delito político, sino por delitos comunes.
Criminalidad oculta: El criminólogo norteamericano Edwin Sutherland planteó en 1945 su famosa teoría sobre la criminalidad de cuello blanco. Dijo que la criminalidad no se asociaba solo con la pobreza y que el que cometía el crimen no era solo el que necesitaba cometerlo, sino que existían altas dignidades del Estado que cometían igualmente conductas delincuenciales, en las que se cambia la metodología. Es la criminalidad oculta, la que nunca es investigada, ni castigada. Cae en la impunidad. En el país está sucediendo que esas altas esferas no son juzgadas, ni sancionadas o se les dan penas irrisorias.
Sobre las reformas: En cuanto a la reforma judicial, creo que debe haber un régimen de incompatibilidades mucho más fuerte para impedir el carrusel; segundo, para evitar el choque de trenes entre magistrados de las altas cortes, debería pensarse en un alto tribunal en el que existieran salas, como era antes, que no tuvieran jurisdicciones separadas, sino jueces especializados bajo la misma jurisdicción. Hay que ver también cómo se eligen las cortes que juzgan las más altas dignidades, porque el problema es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no avanza en los procesos porque nadie les pide cuentas, dado que la justicia está politizada. Y en ese cruce de favores, nada cambia.
Más oralidad para mayor prontitud. Para mejorar la calidad de la justicia creo yo que la oralidad es clave. Cuando hay oralidad hay mayor prontitud, los juicios se fallan de una manera mucho más expedita y hay menos posibilidad de corrupción. Es que no solo hay corrupción cuando la balanza se inclina en favor de uno u otro, sino cuando el proceso se duerme. Cuando cuando el principio de celeridad está inmerso en el proceso es cuando uno puede tener una justicia más pronta. A más publicidad del caso, mayor transparencia. También el abuso en este sentido es malo, porque la gente pide resultados. El juez es ante todo un ser humano y está sujeto a las presiones externas, a los prejuicios, a su formación, sus principios filosóficos y políticos, a sus creencias religiosas y todo eso sale en la sentencia.
Viridiana Molinares Hassan, PhD en Derecho Público, docente investigadora-Uninorte.
Estrategias de evasión: No creo que los casos de la excontralora, la exdirectora del Das, el exministro de Agricultura se traten de persecución política. Pienso que lo de ellos son estrategias para evadir la justicia, y no falta de garantías judiciales en los procesos que aquí se adelantan, como dicen. Incluso, como funcionarios públicos que han sido deben saber que la administración de justicia no es solo local, sino que hace parte de un sistema internacional. Cuando el Estado mismo lesiona a sus nacionales en el proceso de administración de justicia se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos.
Justicia ciega: Me encanta hacer un análisis al ver lo que representa mitológicamente la justicia: Temis, la diosa de la justicia, tiene los ojos vendados, una balanza y una espada. Los ojos vendados es para no hacer distinción, es decir, yo los juzgo a todos por igual, y no hay preferencia; la balanza es para buscar el equilibrio a través de la razón y la espada es para poder imponer la decisión, para que se cumpla.
Problemas estructurales: Yo creo que en Colombia hay unos problemas estructurales con relación a la administración de justicia. Primero, los colombianos perciben que en este país no hay justicia. Basta con explorar en las noticias, en las que con frecuencia hay expresiones de “Solicito que se haga justicia, que esto no quede impune”. Segundo, hay problemas de acceso. ¿Quiénes pueden acceder efectivamente a la justicia? ¿La población con menos recursos o la que tiene menos recursos? Tercero: en un escenario ideal, yo creo en la rama judicial, yo tengo facilidad de acceso y la justicia me responde a los problemas. Si violamos una norma vamos a ser sancionados, si no las cumplimos se expedirán órdenes judiciales para que se cumplan. Pero hoy los colombianos ni creen en la justicia, ni acceden fácilmente a ella, ni la justicia les responde eficazmente. En este escenario, se recurren a otros métodos menos civilizados para resolver el conflicto.
Más formación de jueces: Creo que la reforma es necesaria, sí, pero ajustando la forma cómo se integra el Consejo Superior, limitando el poder de nombramiento de los altos funcionarios de las altas cortes y estableciendo un régimen de inhabilidades. Pero creo que hay que apostarle más a los procesos de formación de los jueces, que son los que están más directamente relacionados con la población, porque a las altas cortes llega el mínimo; el máximo lo atienden ellos. Valdría la pena mirar cómo evitamos tanta fragmentación y tanto conflicto en Colombia y cómo hacemos pedagogía constitucional a la población, en las facultades de derecho, formando jueces diferentes, que se comprometan con la sociedad y que no empiecen cansados.
Fernando Borda Castilla, abogado, decano de Jurisprudencia en Uniautónoma.
Mal ejemplo: Es preocupante que altas dignidades del Estado asuman posturas como las de los funcionarios señalados, porque la opinión pública está muy pendiente de qué pasa con ellos, y más si decide no enfrentar a la justicia colombiana y se va del país. A la justicia hay que darle la cara. El ciudadano común y corriente puede tomar esto como ejemplo a seguir y eso es inquietante.
Errores judiciales: En mi experiencia como abogado yo he visto errores judiciales, sí los hay, y más de lo que se piensa. No es solo la historia del carpintero que estuvo a punto de ser extraditado, aquí se llevaron a un vendedor de plátanos y a su hijo para Estados Unidos, siendo inocentes. Estudios tímidos dicen que en Estados Unidos hay un cinco por ciento de personas inocentes encarceladas. Imagínense cuántos habrá aquí. La historia está llena de personas que injustamente han enfrentado con estoicismo un juicio. Pero esa no es la norma general.
Que sea pronta, efectiva y justa: Me parece muy bien que las reformas se titulen Ley del equilibrio de poderes. A la Constitución del 91 la despedazaron en el Congreso de la República, donde comenzaron a modificarla y se descompensaron los poderes, los cuales deben tener equilibrios: pesos y contrapesos. Y la cerecita de todo esto fue la reelección, que la hizo Uribe. Entonces, me parecen positivas las reformas, pero eso va acompañado de otras cosas. En la administración de justicia se necesita un impulso mucho más grande, porque a la gente no le importa mucho cómo eligen a los magistrados, por ejemplo, aunque el tema es de suma importancia. Al ciudadano del común lo que le interesa es que la justicia sea pronta, efectiva y justa.
La sombra de la politización: El gobierno, el Congreso y los mismos magistrados tienen un gran reto, porque la justicia se politizó. Para nadie es un misterio que ellos participan, eligen o que postulan candidatos para que luego el Congreso escoja el funcionario público. Como tampoco que después viene el nombramiento de las esposas, de los hijos, en fin, y eso se replica a nivel local, porque sucede lo mismo con los entes de control. Ustedes no tienen ni idea, en la administración local, la cantidad de nombramientos de funcionarios en el ejecutivo departamental y distrital que pertenecen a la rama judicial.
Confianza en la justicia: En este momento el daño que se le podía hacer al sistema de justicia en Colombia ya está hecho. Va a costar mucho esfuerzo recuperar la confianza ciudadana en la justicia. El Estado debe buscar por todos los medios traer a esas personas para que respondan. Veo que Morelli trazó una estrategia judicial para después exigir más garantías. Pero el daño de estas decisiones al concepto de justicia que tienen los colombianos es grande.
