Dos años después de haberse iniciado el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Farc, es poco lo que ha avanzado el país en la implementación de políticas y acciones para la fase del posconflicto, una vez se firmen los acuerdos de La Habana.
Por ello poco sorprendió en días pasados los resultados de un estudio dado a conocer que el 98% de los comerciantes de Barranquilla dijeron que no estaban dispuestos a contratar a un desmovilizado. Se trata de una posición que seguramente es compartida por otros sectores, que revela la complejidad del tema y que corrobora que hay un sinnúmero de retos por delante para sacar a flote este proceso histórico que a todos nos compromete.
El tema es analizado por los abogados Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, y Dimas Martínez, director del Centro de Altos Estudios para la Paz de la Universidad Autónoma del Caribe. Igualmente por Alejandro Téllez, quien trabaja desde hace 17 años en zonas de conflicto, como Montes de María, donde apoya el desarrollo de comunidades víctimas de la violencia.
Dimas Martínez Núñez, Psicólogo y abogado. Esp. en Educación y mg. en Ciencias Políticas. Dir. Centro de Estudios para la Paz de Uniautónoma:
Dos precisiones. Con relación al posconflicto, lo primero que debe cambiar es la actitud de los colombianos en cuanto a la manera de resolver las diferencias. No podemos seguir pensando que solo a través de la imposición, del combate, del sometimiento es como vamos a resolver nuestros problemas. No lo estoy diciendo solo en lo que es el acontecer de un conflicto armado, sino en la misma convivencia pacífica de nosotros como asociados. Segundo, no podemos creer que las conversaciones que se adelantan en La Habana hoy son la solución. Podemos decir que ahí solo se están trazando los lineamientos generales de unas políticas sobre las cuales posteriormente se tendrá que legislar y llegar a unos acuerdos entre nosotros los colombianos. Por ejemplo, lo relacionado con la tenencia de la tierra, la restitución de las mismas, la reubicación de las víctimas del conflicto, las indemnizaciones, la reparación, entre otros temas sensibles.
Proceso de largo plazo. Lo que se avecina es todo un proceso que no se agotará con este gobierno, sino que comprometerá a los próximos mandatos, pues estimo que ha de llevarse más de una década, porque indiscutiblemente estamos hablando de cerca de 7 millones de personas que hoy están reconocidas como víctimas del conflicto, lo cual significa que estamos en el 12% de la población colombiana.
Compromisos políticos. Firmada la paz, tienen que venir compromisos políticos, pero no del tipo electoral, ni partidista, sino uno donde la equidad sea lo fundamental. Porque es que hay que mirar también las causas de la violencia, de la guerra, que tienen unos antecedentes históricos. Lo que ha servido como caldo de cultivo para todo esto es la pobreza extrema en la que hemos vivido, por eso es muy fácil reclutar a un joven para que se vaya a la guerrilla porque las condiciones sociológicas, económicas le llevan a no encontrar ninguna diferencia entre estar en el monte con un fusil o estar en el monte sin nada que hacer y sin una fuente de ingreso.
El rol de la academia. Es normal que no haya confianza de parte de algunos sectores en quienes se acogen a un proceso de paz. Pero es ahí donde el Gobierno, e incluso los particulares, deben participar, y en esto es fundamental que las universidades, los colegios, se comprometan. En ese sentido, es satisfactorio lo que ha venido haciendo la Universidad Autónoma del Caribe, donde existe un norte definido hacia la búsqueda de una sensibilización que genere la confianza que los colombianos necesitan para que sea viable el proceso. Hay experiencias de otras latitudes que nos pueden servir para que nosotros vayamos encontrando fuentes de información, para que vayamos aprendiendo de los aciertos de los unos y de los errores de los otros y para que a través del ensayo y el error encontremos un camino que no va a ser fácil.
Alejandro Téllez Rojas, zootecnista. Experto en dirección de programas de desarrollo, conflicto y Derechos Humanos. Dirige la estrategia Colombia Responde, que opera en los Montes de María.
Colombia responde. Es una estrategia gubernamental que apoya la implementación de la política nacional de consolidación territorial, un esfuerzo del Gobierno para lograr construir estado de manera más coordinada en los territorios afectados por el conflicto en Colombia. Una de esas zonas es Montes de María, donde se escogieron 4 de sus 15 municipios: Carmen de Bolívar y San Jacinto, en Bolívar, y San Onofre y Ovejas, en Sucre. Ellos agrupan a unas 163 mil habitantes. Esta es una de las regiones más afectadas por el conflicto, porque si bien no tuvo cultivos ilícitos, fue un corredor estratégico en el comercio de drogas, insumos y de armas. Fue una zona de disputa y de fuego cruzado constante entre guerrilla y ‘paras’ en la que las comunidades se vieron inmersas. Las estadísticas en el periodo de violencia fueron terribles: tuvo más de 50 masacres.
Rediseñar el desarrollo. En esa etapa debemos esperar un proceso de rediseño de la forma como se está construyendo el desarrollo en este país. No quiere decir que vamos a cambiar totalmente el modelo, pero sí debemos tener varios elementos en consideración, y es que por fin se puede dar la posibilidad de que los territorios aporten y den su voz en la construcción de un desarrollo integral, incluyente y que tenga en cuenta el proceso de reinserción de combatientes a la vida civil, que no sea dictado desde las capitales, o que sea hecho solo por los entes gubernamentales. Obviamente habrá que respetar el marco que el Gobierno determine, pero su contenido sí tendrá que ser construido desde las regiones.
Trabajo con comunidades. A la sociedad civil la estamos a preparando a través de procesos de planeación participativa con las comunidades rurales, para que estas se armen una visión a futuro y construyen realmente un plan de desarrollo comunitario, que no es etéreo, sino que tenga soluciones concretas que tienen que armonizar con el plan de desarrollo municipal. Fortalecemos las organizaciones comunitarias de la sociedad civil, porque es que aquí en Montes de María una de las grandes afectaciones que los actores armados hicieron fue la destrucción de todas las formas organizativas, y la matanza selectivas de líderes comunitarios. Por eso estamos recuperando la posibilidad de que la gente se vuelva a organizar, estamos renovando liderazgos, que estas organizaciones seas mucho más incluyentes y estamos dándole la oportunidad de que tengan canales de comunicación con sus gobernantes.
Desenrollar la madeja. El conflicto armado es complejo, como si se enrollara una madeja de lana; entonces, la reconciliación debe desenrollar esa madeja en el mismo sentido y con los mismos elementos afectados. Por eso nosotros, así como fueron asesinados sistemáticamente los líderes, dimos la posibilidad de la gente de que pudiera hacerse líder; como se destruyó toda posibilidad de organización comunitaria, nosotros reconstruimos la organización comunitaria; como se le impidió a la gente expresarse, nosotros financiamos centros de producción radial para que la gente pueda expresarse; les dimos la posibilidad a los alcaldes de ser más abiertos, y a la gente la posibilidad de acceder a los servicios de la Alcaldía sin necesidad del politiquero y sin pagar comisión alguna.
Luis Fernando Trejos Rosero, Abogado. Mg. en Ética Social y Desarrollo Humano. PhD en Estudios Americanos. Profesor e investigador de Uninorte, donde coordina la maestría de Rel. Internacionales.
Violencia no desaparece, cambia. En un posconflicto la generalidad es que no desaparece la violencia, sino que cambia: de una violencia de alta intensidad y clásica entre agentes estatales, paraestatales y contraestatales, se pasa a una mucho más urbana, más difusa y que afecta ya no a la fuerza pública, sino a la sociedad civil, en el marco de negociaciones criminales. En nuestro caso lo que se espera es una potenciación de las bandas criminales y una exacerbación por el control de rutas de exportación y centros de producción de narcóticos. Debemos esperar también una disminución sostenida de acciones como tomas de pueblos, mutilaciones por minas antipersonas y confrontaciones. A cambio, lo que veremos es un aumento sostenido y dramático de secuestro, extorsión, fleteos, hurto a mano armada, criminalidad, etc.
Un espejo para Colombia. El espejo en el cual debiéramos mirarnos para sacar lecciones es Centroamérica. Ahí tenemos dos ejemplos marcados: un mal ejemplo, el del proceso de paz de Guatemala, donde no se incluyó a la población civil; fueron las élites militares las que negociaron y todo dio al traste cuando se hizo un plebiscito y la gente votó en contra de los acuerdos. Hoy, este es uno de los países más violentos de la región, con un número de homicidios sostenido, con narcotráfico y con un estado muy débil. El Salvador, en cambio, es un buen ejemplo. Si bien hay crimen organizado, este es previo a los diálogos; es decir, no es el conflicto el que causa la debilidad del Estado salvadoreño. Allá la organización armada hizo la transición hacia la vida política, hubo una ampliación de los márgenes democráticos y 20 años después de haber dejado las armas ganaron el poder central. Hoy este es un estado que crece económicamente y que tiene unos índices de gobernabilidad aceptables.
Lo bueno y lo malo. En nuestro proceso hay cosas buenas. Hay participación de las víctimas y de la sociedad civil, es un gran esfuerzo nacional; además, hay oposición y en ese sentido pienso que no debe sorprendernos que el Centro Democrático se oponga, pues en todo proceso de paz hay sectores de extrema, de uno u otro lado, que se oponen a la finalización de las acciones armadas. Lo que veo negativo es que la negociación no afecte las causas estructurales de nuestra guerra, exceptuando lo de tierras, pero el modelo de desarrollo no se está tocando. Y eso es lo que se conoce en términos económicos como una paz negativa, porque es entre los actores de este momento, pero el escenario queda intacto y es posible que a la vuelta de un tiempo tengamos a nuevos actores en un mismo escenario representando la misma obra.
Paz que no me cueste. Cuando EL HERALDO publicó que el 98% de los consultados en un estudio de Undeco dice que no le daría empleo a un reinsertado, me pareció curioso, porque los tenderos son de las grandes víctimas de los reinsertados que después se meten a la delincuencia a través de las bandas criminales, y aún así se niegan. Es decir, yo quiero la paz, pero no quiero que me cueste.
Crecimiento de las bacrim. No creo que a nuestras élites les quite el sueño el que las bacrim crezcan, pues la criminalidad que se nos viene ataca a la población civil de la periferia de las ciudades. ¿Dónde extorsionan las bacrim? En la 17, la 30, el Centro, la Vía 40. Ellos no tocan los centros del poder, no atacan Buenavista, ni La Castellana. La 72 es una especie de límite. Y nuestro Gobierno, que es de corte neoliberal, está pensando en macroeconomía, en crecimiento económico y en garantizar la seguridad de la inversión extranjera.
