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Con la reforma al Sisbén, recientemente aprobada por el Gobierno, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) podrá sancionar a los colados de este sistema, lo mismo que a los funcionarios públicos que cometan irregularidades para otorgar puntajes bajos cuando las personas no lo merezcan.

Así lo advirtió ayer el DNP al informar que en el Atlántico hay 30 mil usuarios que presentan irregularidades en su hoja de inscripción. De ellos, 11 mil son de Barranquilla y 9 mil de Soledad.

En Atlántico hay aproximadamente dos millones de usuarios afiliados al Sisbén.

Según el DNP, a las personas a las que se les encuentren inconsistencias en la información, podrían imputárseles el delito de falsedad en documento público, mientras que los funcionarios que sean sorprendidos alterando el puntaje de las personas a cambio de dinero, podrían enfrentar procesos disciplinarios ante la Procuraduría y la Fiscalía. Sin embargo, la entidad aclara que por tratarse de un tema penal la implementación de estas sanciones 'tardará un poco más'.

De igual forma la entidad advirtió que los ‘colados’ perderán los beneficios de los programas sociales que desarrollan los ministerios de Salud, Educación y del ICBF, en los que se exigía como requisito pertenecer a las listas del Sisbén.

Vea también: Con reforma, Gobierno busca sacar a 'los colados' del Sisbén

Según Planeación, antes de la reforma no tenían el poder para sancionar a los ‘colados’, ya que era tarea de cada alcaldía depurar las listas y sacar a las personas que, por sus ingresos y condiciones económicas, no necesitaban los beneficios que otorga el Sisbén. Tras la reforma, el DNP quedó con la facultad de controlar a los beneficiarios y sancionar a los que consideren que estén mintiendo con los datos declarados.

En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación anunció que realizará un nuevo censo en todo el país a partir del próximo año, el cual se extenderá hasta 2019. Este proceso costará $132.000 millones, de los cuales $70.000 millones serán aportados por la Nación y $62.000 millones por los municipios.

En dicho censo cruzarán la información recogida en cada municipio con las listas de cada alcaldía con el fin de identificar las inconsistencias de los puntajes en el Sisbén, para poder modificar el puntaje a las personas que hayan mejorado su economía en los últimos años.