El exconcejal Adolfo Raad solicitó ante el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que el Distrito de Cartagena no pague más de $8.000 millones a la empresa de aseo Promoambiental Caribe, Pacaribe, por una deuda que, según denunció, es resultado de un contrato de limpieza de canales para lo cual era necesario un proceso de licitación.
Raad denunció al exsecretario distrital, Carlos Coronado Yances, por la presunta irregularidad que habría ocurrido en la pasada Administración distrital, y la gerencia de la empresa de aseo Promoambiental Caribe.
Según la denuncia del exconcejal, Coronado y la empresa de aseo habrían celebrado un presunto contrato especial para prestar el servicio de aseo en zonas públicas de canales de aguas pluviales de esta capital, pero con supuestas irregularidades.
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De acuerdo con lo expresado por Raad, el contrario habría sido suscrito de forma irregular debido a que 'requería licitación pública por un valor estimado de $3.000 millones y con plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, pero sin certificado previo de disponibilidad presupuestal y sin la reserva respectiva', según ha denunciado el exconcejal.
Agrega el denunciante que, presuntamente, que el Distrito de Cartagena 'reconoció una obligación con cargo a vigencias futuras, a pesar de que el objeto del contrato ya se había cumplido'.
El exconcejal también dio a conocer en su denuncia que, por medio de un acta que habría sido suscrita por el exsecretario Coronado, el Distrito de Cartagena reconoció una suma de $7.173 millones por los servicios prestados por la empresa de aseo 'y cuyo pago será cubierto con cargo al presupuesto de la vigencia 2016, conforme al acto administrativo que ordenó el pago'.
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Respuesta de Carlos Coronado
Frente a la denuncia, el exsecretario distrital, Carlos Coronado Yances, dijo que 'el único contrato celebrado con Pacaribe durante la anterior Administración' es un contrato de aseo de áreas públicas que, según su versión, se celebró con base en el régimen aplicable que es la ley 142 de 1994, y no la ley 80 de 1993, correspondiente a contratación pública que es la que contempla el proceso de licitación publica.
'Es un contrato de prestación de servicios públicos de aseo en áreas públicas, el cual se celebra con las empresas del servicio público de aseo que para este caso fueron Pacaribe y Aseo Urbano, todo conforme a lo reglamentado en el decreto 1077 de 2015. Dicho contrató ha sido sometido a control judicial, correspondiéndole al Tribunal Administrativo de Bolívar, quien en octubre al hacer un análisis de las obligaciones adquiridas allí, ratificó su legalidad, declarando que las obligaciones que se derivan de dicho acto son claras, expresas y exigibles', agregó.
Yances calificó los señalamientos como 'especulaciones mal intencionadas de personas que deben tener algún interés especial en torpedear el normal curso de la actual administración y desprestigiar la pasada con temas infundados'.
