A través de un boletín emitido este domingo, la Fiscalía reportó la afectación a una red señalada de gestionar registros civiles a ciudadanos extranjeros para permitirles obtener la nacionalidad colombiana y viajar a Estados Unidos.
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Tres personas fueron judicializadas, entre ellas un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar.
El operativo de dio en una acción articulada con Migración Colombia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ambas agencias adscritas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“Se trata de Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes Sining, a quienes una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público; y el funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar (Bolívar), José María Romero Ortega, imputado por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático agravado”, se lee.
El ente acusador aseveró que, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, se habrían articulado para contactar a ciudadanos de República Dominicana, tramitarles los papeles necesarios para que figuraran como nacidos en Colombia, y así permitirles movilizarse con libertad por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales. La intermediación ilícita, al parecer, la realizaban ante registradurías y otras entidades de Cartagena y El Carmen de Bolívar (Bolívar), Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre) y Leticia (Amazonas).
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“Puentes Sining sería el cabecilla de la organización delictiva, el responsable de transportar y acompañar a los extranjeros mientras les gestionaba la documentación, y el encargado de garantizar que salieran sin contratiempos por los filtros migratorios de los aeropuertos. A su vez, Villar Pedrozo estaría involucrada en el traslado de los migrantes. Finalmente, Romero Ortega, al parecer, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos”, agrega el reporte.
Los dos particulares deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que el funcionario seguirá vinculado a la investigación, dispuso un juez.
